La ley no se negocia...

Bernardino Vazquez Mazatzi

El asunto de Oaxaca se salió de las manos a las autoridades. Y estas mismas autoridades están perdiendo el control de igual forma en Guerrero, Michoacán y Chiapas en una clara muestra de que no han aprendido de los errores y de que alguien no está haciendo su trabajo o lo está haciendo mal; en el peor de los casos, se puede entender esa situación como que a alguien o a muchos les conviene que la violencia y los desencuentros se generalicen y se mantengan en esa región del país.

Al gobierno federal perdió el control de esas cuatro entidades de la misma forma en que lo perdió con el asunto del narcotráfico y el crimen organizado. La irrupción de grupos violentos, armados, traficantes y asesinos siempre fue del conocimiento de la autoridad que por complicidad, omisión o de plano coparticipación evitó combatir.

Y esas mismas autoridades siempre supieron nombres, domicilios y actividades e intereses de esos grupos pues no es aceptable ni entendible su expansión, enriquecimiento y dominio del territorio sin su conocimiento, colaboración y beneficios compartidos. Luego, esos grupos se volvieron contra el gobierno que los permitió, cobijó y empoderó hasta convertirse en organizaciones fuera de control, sanguinarios, extremadamente violentos y prácticamente dueños de autoridades, zonas geográficas y de la ley.

Así ocurrió con los líderes de los vándalos que ahora se cobijan bajo el sagrado nombre del maestro y pretenden dominar el sureste mexicano, a quienes los gobiernos de esas cuatro entidades permitieron y se beneficiaron de su crecimiento, de las inmensas sumas de dinero que fue a parar a sus cuentas bancarias, que negociaron puestos y cargos hasta convertirse en una verdadera amenaza ya no para los engendros producto de esa alianza macabra sino para la sociedad en general, para ese pobre campesino que es carne de cañón para intereses ajenos y víctima.

La ley no se negocia... más bien, nunca debió negociarse. Jamás debió aceptarse que se hiciera moneda de cambio, producto de cambalache o argumento de intercambio. Al gobierno tanto federal como estatal lo hemos hecho depositario de las instituciones que nos unen como nación y que nos identifican como pueblo, raza y cultura y en esa confianza, mandato y ordenamiento no existe indicio alguno de aplicar la ley de forma distinta para iguales mexicanos ni hace excepciones de poder o intereses.

El gobierno mexicano tiene, si acaso, la responsabilidad de orientar a los mexicanos que hayan entendido de forma equivocada las libertades y la democracia y dialogar y hasta negociar salidas positivas con ellos cuando en la búsqueda de sus ideales o intereses o preservación de sus costumbres utilicen alguna forma de presión y con ello afecten a terceros.

Pero al gobierno no le se acepta ni permite es que negocie la ley con quienes abiertamente violen los derechos de los demás y argumenten ideales o preservación de sus derechos para tratar de mantener sus privilegios ni con quien abuse la necesidad o ignorancia o número pobres para destruir, incendiar, secuestrar, robar y hasta asesinar... detrás de todos ellos no necesariamente está un asunto educativo o magisterial, sino el crimen organizado, el narcotráfico que sabe cómo imponerse y cómo utilizar a los demás. En realidad en esta supuesta lucha no ganan los pobres, ni los maestros, ni la educación, ni los niños, ni el progreso ni la patria, sino unos cuantos, pocos, los que negocian en lugares caros, los que se llenan los bolsillos de dinero.

La ley no se negocia, se aplica. La ley es igual para todos que la debemos observar y cumplir todos los mexicanos sin distingos, sin privilegios, sin cortapisas, sin amagos, sin negociaciones. Si ya el Estado ha ofrecido diálogo, si ya ha ofrecido opciones y alternativas, si ya tiene identificados los verdaderos intereses de los protagonistas no debe someter a consideración los preceptos constitucionales: sólo debe aplicarlos. Ese es el mandado supremo del pueblo y es de obediencia ineludible para el gobierno.

Sin embargo, la aplicación de la ley no necesariamente significa represión, violencia extrema o desapariciones forzadas, sino inteligencia y capacidad, cordura y métodos humanos. El poder debe entender que esa misma ley protege al infractor y al gobierno, lo condena y lo representa, lo defiende y lo acusa, y en tal línea imperceptible radica el riesgo. La ley se aplica, sí, pero para todos.