Destaca Tlaxcala en cumplimiento de Ley General de Transparencia

Tlaxcala es el único de los 32 gobiernos de las entidades federativas del país que alcanzó un nivel sobresaliente en el cumplimiento de la publicación de información de oficio que establece la Ley General de Transparencia, de acuerdo con la revisión ciudadana que realizó la asociación Iniciativas Humanas y Sociales, A.C. (Inhus).

María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo, señaló que Tlaxcala es el único estado que obtuvo una calificación de nueve en este estudio que evaluó la estructura de la ley local, el contenido del sitio web y su publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Mediante la Red por la Transparencia Activa, Iniciativas Humanas y Sociales, A. C. revisó los portales de 107 instancias gubernamentales y siete mil 132 sujetos obligados, entre los que se encuentran las 32 entidades del país.

La titular de la Contraloría del Ejecutivo destacó que este reconocimiento es resultado del compromiso del Gobierno del Estado por consolidar una cultura de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

"Nos compromete a continuar con estrategias de capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos, sobre la importancia de aplicar los lineamientos que establece la Ley General de Transparencia y lograr su armonización con las legislaciones locales", enfatizó.

Cabe señalar que la revisión ciudadana contempló la observación de obligaciones, metas y objetivos, padrón de proveedores, presupuesto, currículum vitae de funcionarios, entre otros aspectos.

Además, se observó el nivel de cumplimiento que presentaron los órganos garantes estatales en la armonización de la ley local, donde el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado obtuvo una calificación de 10, que lo coloca entre los mejores seis institutos a nivel nacional.

La Administración Estatal mantendrá esta tendencia, con la finalidad de cumplir el quinto eje del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que establece el impulso de un Gobierno que priorice los principios éticos en el desempeño público.