Desafortunadas las declaraciones vertidas por el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, en el sentido de “que no estamos en una crisis ni de Derechos Humanos ni que tampoco tenemos el mayor número de asesinatos de periodistas en este país, por tanto la situación no es para que exageremos”; viniendo de un subsecretario en materia de derechos humanos, es lamentable que la justificación o el argumento para minimizar un problema de tal magnitud  sea que en otros sexenios “hubo más asesinatos o se dan cifras de otros periodos”, un gobierno está obligado a resolver los asuntos para los que fue electo y para los que ellos son designados como funcionarios públicos de primer nivel, son los responsables -en este caso la Secretaría de Gobernación- de la seguridad de las familias mexicanas y de la coordinación interinstitucional, con los gobiernos estatales y municipales.

Me parece que lo declarado por Campa Cifrián tiene dos causas fundamentales:

La primera: El signo que identifica a este gobierno federal es la evasión a la realidad nacional, ante cualquier problema que surja en esta país, traslada sus responsabilidades a otras personas: si se habla por ejemplo, de la terrible situación económica la culpa es de Estados Unidos o porque el petróleo bajó de precio; si se habla de un problema de corrupción, otros países son más corruptos y entonces hay que hacer un Sistema Anticorrupción pero sus bancadas en el Congreso de la Unión no lo aprueban por no convenir a sus intereses; si se habla de problemas de inseguridad y combate al narcotráfico es porque no hemos aprobado una Ley de Seguridad Interior.

Tenemos un gobierno que se autodenominó desde el principio como el gran reformador y supuso que las leyes por sí solas, las reformas estructurales que se hicieron, iban a ser las que resolvieran en automático o como “por obra y magia del espíritu santo” los problemas del país; no se dieron cuenta que para que algo funcione tiene que aplicarse y supervisarse. El argumento principal, es que ellos “sí sabían gobernar”.

Este gobierno nos demostró que no sólo no sabe gobernar sino llegó desactualizado porque no conoce ni reconoce que la Administración Pública, en los gobiernos panistas, tuvo avances significativos en materia de transparencia y reglas de operación del sinfín de programas y política pública para beneficiar a los mexicanos.

La segunda causa que percibo y que es un error gravísimo, es que este gobierno decidió en esa reestructura para gobernar, organizarse como quiso; con el argumento de que anteriormente el ex Presidente Felipe Calderón había “iniciado una guerra” contra el crimen organizado, esta guerra tenía su origen en una ineficiente - dicen ellos – política de seguridad de su gobierno, y entonces decidieron que el área de seguridad tenía que estar fusionada con el área de política interior, concretamente de gobernabilidad, por tanto propusieron al congreso que se les dejara organizarse: la SEGOB asumió la coordinación y el mando de todas las fuerzas de seguridad de este país, es ahora el ente coordinador; desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, supusieron que la corrupción y la complicidad entre el narcotráfico y las bandas de delincuencia organizada se daba sólo en los municipios y propusieron la creación de un mando único que poco a poco fueron adoptando la entidades federativas, especialmente las priístas, asumiendo que solo los municipios estaban coludidos con el crimen organizado; la sorpresa o lo que ellos sabían que sucedía pero que no quisieron admitir, es que no solo hay crimen organizado infiltrado en los municipios sino están infiltrados los gobiernos de los estados, tenemos dos casos concretos de este hecho: Tlaxcala, con un comisionado y su segundo a bordo (quien era el que hacía los exámenes de confianza) lamentablemente era responsable de una ola de secuestros y narcomenudeo en el estado, sin pagar consecuencias y con una total impunidad; el segundo caso es el de Nayarit, en el que hubiera sucedido lo mismo que en Tlaxcala pero el gobierno de Estados Unidos actúo rápidamente y detuvo al fiscal general del estado por tener nexos con cárteles de droga y era parte de esa tranquilidad aparente.

En todo el país tenemos los casos de los gobernadores presos o prófugos, acusados de tener vínculos con el crimen organizado, corrupción, desvío de recursos; es decir, juntos poder-corrupción-narcotráfico son una bomba de tiempo que explotó en este país; dirán “y bueno ¿qué pasa con la corrupción el PAN?” Nosotros condenamos la corrupción venga de donde venga, no nos enorgullecen actos de corrupción de compañeras o compañeros que hacen este tipo de acciones, quizá la diferencia, sin justificación y mucho menos minimizar el problema, está que, en el caso concreto de Guillermo Padrés se entregó a la justicia y las acusaciones que se le imputan tiene que ver con temas de corrupción no por vínculos con el narcotráfico, lo cual por supuesto no le quita gravedad, pero ya las autoridades presentarán los elementos para declarar su culpabilidad o inocencia.

Estamos ante una crisis de derechos humanos, tenemos casos como Ayotzinapa o los asesinatos de periodistas, y la forma en que este gobierno quiere solucionarlos es trasladándolos a otros responsables, la conclusión es que: cualquier persona que esté sujeta a un escrutinio público por elección popular, concretamente el Presidente de la República, quien se comprometió cuando candidato, a combatir la delincuencia y dijo que tenía los instrumentos y las armas y sabía como hacerlo para llegar al gobierno; está obligado a cumplir con la serie de promesas realizadas durante las campañas electorales; me parece importante, que las estrategias de carácter electoral no se traspasen a las estrategias de política pública, es decir, no podemos combatir a la delincuencia organizada buscando culpables en administraciones anteriores; si hay que fincar responsabilidades a quienes omitieron o hicieron algo equivocado, que se finquen y se castigue a los funcionarios responsables.

No se exime de responsabilidades a gobiernos anteriores, que pudieron tener fallas en temas de esta naturaleza pero hoy, la responsabilidad es de todos aquellos que forman parte de las distintas instancias de la APF; la administración de Peña Nieto ya se dio cuenta que llegar al gobierno no solo es asumir el poder, sino es tener la capacidad para resolver de fondo los problemas; el PRI pensó que llegar a la Presidencia de la República era como gobernar el Estado de México, que debo decirlo, cuenta con índices altísimos de inseguridad, secuestros, feminicidios; por eso minimizan cualquier problema, incluyendo el de los informadores, que, más allá de las cifras representan no solo números sino personas que tienen familiares y que esos familiares están en búsqueda de la justicia y tienen derecho de conocer porque fueron asesinados, aun se tratara de su labor o algunas otras causas no vinculados con la misma. Lo que actualmente sucede en México habla de un gobierno evasivo, que no asume su responsabilidad y que no ha entendido que gobernar es comprometerse. Lo que el PRI si ha demostrado es que lo único que le interesa es ganar elecciones  sea como sea, con fraudes y trampas y aunque ahora la mayor parte de los ciudadanos no creen ya en él y en sus gobiernos, se está refundando y lo está haciendo a través de Morena, quien tenga dudas, en la siguiente columna daré los argumentos que fundamentan mi dicho. Hasta la siguiente semana.