Durante la décima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura Local y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; la Sexagésima Segunda Legislatura Local se adhiere al Acuerdo emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se solicita a las Cámaras del Congreso de la Unión, a que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, agrave las sanciones establecidas para las hipótesis normativas que prevén las conductas delictivas en materia de hidrocarburos.

Y tomando en consideración el Artículo 27 Constitucional, párrafo séptimo, que a la letra dice: …”Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”…

Por lo que se destacó que la sociedad en general tiene conocimiento de la situación que se presenta en diversas entidades de la República Mexicana, en torno a la extracción u “ordeña ilegal” de hidrocarburos, conductas delictivas que han aumentado con el paso de los años y que generan una grave afectación social, tanto en los sectores económico y político, como en el ambiental, circunstancias que motivaran los actos tendientes, a agravar las sanciones ya establecidas y en su caso a crear mecanismos eficaces para prevenir dichas conductas.