Durante la sesión ordinaria, la legisladora Dulce María Mastranzo Corona, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; dio lectura a la iniciativa para adecuar diversos artículos transitorios del decreto 312, expedido el 30 de diciembre de 2016, que contiene la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado de Tlaxcala.

Mastranzo Corona  detalló que los migrantes ilegales se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, por ello, son más propensos a ser víctimas de abusos y violaciones a sus derechos como arrestos arbitrarios, ausencia del debido proceso, deportaciones masivas, exclusión en el disfrute de servicios básicos, abusos por parte de autoridades policíacas, indefensión cuando son víctimas o acusados por la comisión de delitos, explotación patronal, discriminación por motivos de raza, color, origen nacional o social, idioma, nacimiento, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, posición económica, religión o cualquier otra condición; entre otros supuestos.

Desde hace años, el incremento del retorno de la población mexicana, tanto por la vía del retorno forzado (resultado de la radicalización de la política de deportaciones desde Estados Unidos emprendida por el actual Presidente de los Estados Unidos), como el retorno producto de las condiciones económicas expresadas en diversas dificultades como el desempleo y los bajos salarios, se ha vuelto uno de los fenómenos que más han llamado la atención y requieren acciones de atención inmediata por parte del Estado.

La legisladora panista refirió que el objetivo es subsanar inconsistencias en su redacción, que no garantizan certeza jurídica sobre la duración de la Vacatio Legis de esta nueva Ley, inconsistencias que ya han sido advertidas a esta Soberanía a través de los representantes de las Organizaciones Un Mundo Una Nación A.C., Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena y Trayecto 3, mediante Iniciativa Popular presentada el día uno de septiembre del presente año.

Así también comentó que ante la incertidumbre respecto a la actual Dirección de Atención a Migrantes, se propuso adicionar un transitorio que marque la pauta para que sus recursos humanos, materiales y financieros sean transferidos al Instituto de Protección y Atención a Sujetos Migrantes y sus familias que se crea con la nueva Ley.