Durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno en materia de política interior y seguridad, la senadora Adriana Dávila Fernández señaló que actualmente México atraviesa por una de sus etapas más críticas de los últimos tiempos en materia de seguridad, provocada por la inacción y complacencia del Gobierno federal.

A cinco años de que el Senado de la República colaboró para concretar reformas fundamentales en materia impartición de justicia, seguridad pública y protección a los derechos humanos, se tienen resultados que nadie deseaba: un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por su inacción y complacencia, resultados magros en materia de seguridad y una sociedad que justificadamente no cree en sus autoridades por los altos índices de impunidad y corrupción, afirmó Dávila Fernández.

Lamentó que el Gobierno federal pretende minimizar a la corrupción como una de las causas de la inseguridad e impunidad y recordó que hace unas semanas el presidente Peña Nieto pretendía hacer una apología de los pobres resultados en materia de seguridad, reduciendo al absurdo el argumento real de que uno de los grandes males en este país es la corrupción, y decía: “si hay un choque aquí en la esquina: ah, fue la corrupción”.

 “En efecto, señor secretario, la corrupción, esa que el Gobierno federal minimiza, en realidad es un mal que evita el combate efectivo de los delitos; transgrede y vulnera a la sociedad de muchas formas”, sostuvo.

La presidenta de la Comisión de Contra la Trata de Personas afirmó que existe también “gran simulación en el combate contra la trata de personas”, que se refleja mediante “adulaciones pagadas a una sola activista que tiene el monopolio de la crítica o del aplauso a los gobiernos”.

En ese sentido, pidió al funcionario federal investigar la entrega de apoyos de la Secretaría de Economía, del Fondo del Emprendedor del Gobierno del Distrito Federal, de la Casa de Moneda, del Fondo de Desarrollo Social e inmuebles otorgados por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgados a dos asociaciones civiles con los mismos dueños.