* Isidro Sánchez Piedra

Los desplazados(as) y la vulnerabilidad de sus derechos

En las 32 entidades federativas del país se contabilizan por miles los desplazados, ya sea por razones políticas, económicas, familiares y hasta de carácter caciquil, muchos de los ciudadanos se han visto expuestos a padecer problemas de desplazamiento, han sido víctimas de despojo de sus posesiones, propiedades y hasta de sus hijos, dejándolos en estado de indefensión quienes se dedican a deambular por las calles, en oficinas de las instituciones públicas en busca de una alternativa de solución, pero los gobiernos ante este tipo de asuntos siempre se han declarado incompetentes para mediar, coadyuvar y buscar soluciones justas en este tipo de problemas, acciones que sucede en el Distrito Federal, Guanajuato y Tlaxcala, y la labor altruista de las asociaciones civiles se ven mermadas por el proceder desinteresado e inoperante de los tres niveles de gobierno; aquí la procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la del Estado de Guanajuato y la del estado de Tlaxcala, debieran jugar u papel importante y fundamental pero sus omisiones de acuerdo a sus facultades son tremendamente abismales, cuando a una familia le sucede este doloroso e inesperado fenómeno es desgarrador pues todas sus posesiones y pertenencias personales y familiares quedaron en poder de otras personas que los han despojado, y a causa de intereses ilegítimos de otras terceras personas se empieza un peregrinar por días y termina por decenas de años, a causa la tan lenta, burocrática y fatal procuración e impartición de justicia en México, misma que resulta inalcanzable, y más aun con las personas carentes de recursos económicos, y la pregunta obligada ¿Dónde Queda la Representación, Asesoría y Orientación debida de los Agentes del Ministerio Publico? ¿Dónde Están los métodos y mecanismos para castigar a los servidores públicos que incumplen a diario y a cada momento con sus más elementales obligaciones? Se dice que en cada procuraduría existe una VISITADURIA que supuestamente es la encargada de vigilar y sancionar a los Agentes del Ministerio Publico que incumplen con sus obligaciones, pero hasta ahora se desconoce la productividad de su trabajo y a cuantos servidores públicos ha sancionado; es grave que en México sucedan a diario por miles de estos lamentables y dolorosos acontecimientos que dejan a los ciudadanos en el desplazamiento.

Durante el año 2012 en una familia del municipio de Santa Ana Chiautempan mantuvieron conflictos comunes pero para finalizar ese año por falta de oportunidades de empleo el jefe de dicha familia ahora dirigida por la Sra. María Isabel Romero Maldonado, originaria y vecina de San Bartolo Cuahuixmatlan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, tuvo que migrar a la Unión Americana, en busca de empleo, dejando a su familia a cargo de la Sra. Martha Leticia Razo Barragán, suegra de María Isabel, quien a principios del presente año con apoyo de sus hijas y demás familia despojaron de todas sus pertenencias, casa habitación y de sus dos menores hijos, a María Isabel Romero Maldonado, incluso durante los meses de Diciembre de 2012 al mes de Marzo de 2013 la afectada directa a deambulado durante todos los días en oficinas de DIF estatal, en oficinas de la Quinta Mesa de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo la Averiguación Previa No. 465/2013 por el Delito de Amenazas de Muerte, Despojo y Rapto de sus dos menores hijos por su suegra de nombre Martha Leticia Razo Barragán, con el fin de recuperar su casa, pertenencias y a sus dos hijos, pero hasta ahora sus intentos han sido en vano pues se ha enfrentado a las incomprensiones de las autoridades del poder ejecutivo y judicial; la victima sin pertenencia alguna deambula a pedir apoyo de sus pocas amistades para tener donde pernotar algunas horas y alimentos para su sobrevivencia, pero su dolor más grande es no poder ver ni convivir con sus hijos durante tres meses y días a quienes no le permiten verlos ni saber cómo y dónde están.

Por lo anterior manifestado, les recomendamos muy respetuosamente a la C. Procuradora General de Justicia en el estado, Lic. Alicia Fragoso Sánchez y a la Lic. Mariana González Foullon, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el estado de Tlaxcala (DIF), lo siguiente:

PRIMERO.- A la Procuradora le pedimos: Que por su conducto se giren instrucciones precisas al C. Subprocurador para que se tomen las medidas cautelares necesarias, que permitan garantizar la integridad física, moral y psicológica de la C. María Isabel Romero Maldonado y de sus dos hijos de 8 y 10 años de edad, agotado este punto, proceder a internar en un albergue a la Sra. María Isabel y a sus dos hijos, hasta en tanto no se resuelva de fondo esta problemática.

SEGUNDO.- Que por conducto de la procuraduría se les garantice a María Isabel Romero Maldonado y a sus menores hijos el acceso sin restricciones de ninguna índole a su casa ubicada en San Bartolo Cuahuixmatlan, Municipio de Santa Ana Chiauhtempan, domicilio conyugal reconocido.

TERCERO.- Que por conducto de la Presidenta del DIF se instruya a un grupo de abogados competentes para que a la menor brevedad posible diseñen y presenten una demanda de Guarda y Custodia de los menores a favor de la Sra. María Isabel Romero Maldonado, y posteriormente se le pueda decretar la disolución conyugal, la patria potestad de los menores y la pensión alimenticia.

CUARTO.- Que por conducto de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el estado de Tlaxcala (DIF), se le apoye a la Sra. María Isabel Romero Maldonado, para que obtenga inmediatamente un empleo remunerado que le permita sobrevivir dignamente y darle a sus dos menores hijos oportunidades de desarrollo integral.

* Defensor de Derechos Humanos