Autodefensa, ¿Y el estado?Adriana Dávila Fernández
En las últimas semanas hemos conocido -por los medios de comunicación- la proliferación de grupos formados al interior de la comunidades, denominados de autodefensa en contra de los criminales. Ante la falta de seguridad para los integrantes de las localidades -por las causas que sean- ellos han conformado las “guardias comunitarias” en zonas rurales de Guerrero y, todo parece indicar que también existen en Chiapas, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tabasco.
Lo único cierto es que ante la ausencia de un Estado que brinde seguridad, los ciudadanos se organizan para protegerse. ¿Se entiende? ¿Se justifica? ¿Se vale?
Me parece que la impotencia de los pobladores de ciertas zonas, por los nulos resultados de sus autoridades municipales, estatales y federal de proveerles seguridad pública, deciden poner manos a la obra para salvaguardar la integridad física y bienes materiales de ellos y los suyos. Es una forma de decir ¡BASTA!
Valga el ejemplo Guerrero para ilustrar la situación: se detuvieron y encarcelaron a varios individuos que eran presuntos delincuentes. Los iban a someter a juicios populares, no sólo con una clara violación a las garantías individuales, sino al debido proceso que en estos casos, sencillamente es inexistente. Y se hizo tal alboroto -a nivel nacional- que tuvo que intervenir directamente la Secretaría de Gobernación. Sólo para anunciarle a los mexicanos que existe la posibilidad de capacitar a esos grupos. Una forma tácita de aceptar la existencia de las guardias comunitarias, aún y cuando entra en franca contradicción con el ordenamiento constitucional.
El Gobierno Federal justifica la incapacidad con el hecho de que esos grupos han existido desde hace 18 años. Como si el argumento sirviera de algo para dar respuesta a los severos problemas de seguridad en esas regiones. Si se ha llegado a tomar esas decisiones es innegable que los ciudadanos consideran que las autoridades no hacen su trabajo y, en algunos casos –ante la grave situación de inseguridad-, se llegan a tolerar los actos de justicia popular.
Por cierto, notorio es el cambio en el discurso de los actores políticos: se echan la culpa unos a otros (de legislador a gobernador y viceversa) con la lógica de “es tu espacio, eres la autoridad, aplícate”. Se pone en blanco y negro el asunto de la responsabilidad en la aplicación de la ley para enfrentar los problemas de inseguridad.
Este hecho debe preocupar a todos porque el único debilitado es el Estado. Cuando un sector aplica justicia por mano propia y tiene convencimiento pleno de la ausencia de delito, estamos frente a posibles abusos en la misma población y, lo más importante, eso no significa la solución de los problemas. El tema genera polémica porque según un sondeo publicado por el periódico Excélsior (25/02/2013), 61% de los entrevistados está en contra de que grupos civiles apliquen justicia por mano propia, al margen del marco jurídico existente en el país.
Las víctimas reclaman eficiencia en la aplicación de la ley y justicia expedita. Los ciudadanos demandan que las autoridades garanticen la seguridad en sus espacios de convivencia diaria. Por ello, Acción Nacional exhortó al Gobierno Federal para instrumentar estrategias integrales de colaboración que procuren el respeto a la ley y al Estado de Derecho en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Recuento
En el recuento de actividades legislativas, resulta ser que la promulgación de la Ley General de Víctimas sólo funcionó para la fotografía del momento. En la semana que terminó, el Senado de la República tuvo la visita de Alejandro Martí, María Elena Morera y Javier Sicilia para entregar las propuestas de reforma a la ley señalada. Presentaron más de 290 modificaciones.
El expresidente Felipe Calderón tenía razón: no era posible promulgar una ley con insuficiencia jurídica que requiriera cambios inmediatos para hacerla funcional. La propuesta presentada impacta en más del 80% del articulado, es decir, lo publicado sólo sirvió para el aplauso fácil. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República analizaremos y dictaminaremos la iniciativa con la visión y el compromiso de atender de manera eficiente a las víctimas.
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