Dip. Fortunato Macías

Ninguna sociedad moderna debe estar al margen de la información pública, ya que es un derecho ganado desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente en ocasiones omitido por algunas autoridades.

En el estado de Tlaxcala, los resultados negativos que la glosa del primer informe de gobierno arrojó, tras haberse detectado aspectos como falta de claridad e inconsistencias en los datos proporcionados durante la revisión que los legisladores integrantes de la sexagésima legislatura del Congreso del estado realizamos, nos obligan a ser portavoz del derecho a la información que tiene la ciudadanía; por lo que solicitamos con respeto y en el marco de la ley al poder ejecutivo, la aclaración y en su caso corrección de las omisiones o faltas.

En este sentido, para que el gobierno del estado pueda cumplir cabalmente con la obligación de informar a la ciudadanía con claridad y transparencia, como parte de un ejercicio democrático sobre su actuación durante este primer año de administración, debió hacerlo de una forma transparente y sin la omisión o alteración de datos; sólo así podrá hablarse del cumplimiento de esta alta responsabilidad, más allá de los resultados obtenidos aún cuando no hayan sido alentadores para la entidad.

En términos generales, la información sobre el déficit millonario producto del concierto del artista Plácido Domingo y los faltantes en el informe financiero de la denominada “La Nueva Gran Feria de Tlaxcala” sólo fueron datos explicados a algunos medios de comunicación,  lo que limita su difusión y por consiguiente que un número considerable de ciudadanos no se enterarán de la noticia, datos además con omisión para el poder legislativo, lo que también representa una falta grave.

La existencia de más de una cifra en programas como el correspondiente al apoyo económico a adultos mayores donde se calcula una baja de más de 22 mil personas a quienes se les retiró dicho apoyo, ha generado suspicacia de la ciudadanía y sobre todo de este sector, sobre la legitimidad en el padrón de beneficiarios y sobre el manejo del recurso económico del programa.

Por tal motivo y para eliminar tal suspicacia, lo más recomendable es contar con una minuciosa auditoría a la dependencia implicada en el manejo de los recursos, muchos de los cuales, por cierto, no se utilizaron y tampoco se informó a los ciudadanos hacia donde fueron canalizados.

Caso similar se dio en el sector del campo, donde se disminuyó el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante y se eliminaron apoyos extraordinarios que en otros años se venían dando; sin embargo, de tal ahorro no hubo información.

Otro aspecto delicado en la glosa del informe se obtuvo en la variación de cifras. Por ejemplo en el caso de la inversión extranjera directa en 2011, se dieron cifras erróneas en los porcentajes de crecimiento, es decir, el Ejecutivo dio una cifra de crecimiento del 337 por ciento cuando apenas alcanzó el 0.2 según datos de la Secretaría de Economía federal, lo cual representa haber dado información equivocada por el orden de aproximadamente 70 millones de dólares que obviamente nunca llegaron a Tlaxcala.

Entre oras cosas, como ya es de dominio público no se reportó información de la mayoría de los viajes al extranjero que hizo el gobernador; de los gastos de difusión y promoción de imagen del gobierno en medios de comunicación locales y nacionales.

Tales situaciones no son algo que carezca de importancia, por el contrario, es información que debe ser corregida y aclarada por el Ejecutivo a la ciudadanía.

El derecho de los ciudadanos a la información pública debe estar por encima de cualquier interés ajeno al mismo, de lo contrario no se puede hablar de honestidad, democracia y respeto a los ciudadanos a quienes finalmente los cuatro niveles de gobierno (en Tlaxcala) y toda autoridad pública o de empresarios; así como organismos y asociaciones, todos debemos respetar y hacer respetar ese derecho.

*Integrante de la LX Legislatura

e-mail: mlfortunato@congresotlaxcala.gob.mx