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QUEHACER LEGISLATIVO

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COMBATE A LA EXTORSIÓN

Dip. Fulgencio Torres Tizatl
Es un hecho que en las condiciones actuales del país, a pesar de las medidas de las autoridades para evitar las diversas modalidades de delitos, la extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte y los fraudes telefónicos, son prácticas cotidianas en los reclusorios y ahora se han extendido a las calles.
 
Con estas afirmaciones no pretendo ser alarmista, pero si considero necesario llamar la atención en este tema delicado y sobre todo hacer énfasis en las medidas que se requieren.
 
Desde el pleno del Congreso di a conocer esta misma semana algunos datos para dar una idea de la necesidad de tomar acciones contra la extorsión.
 
Por ejemplo, el 10 de abril del 2010 entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, cuya promesa del gobierno, fue establecer un registro y control de los propietarios de celulares y así, combatir las extorsiones y el uso de dichos equipos para negociar secuestros.
 
Sin embargo, la pésima forma en que operó el registro de celulares, ha permitido que al menos el 6% de dichos registros, sean falsos, es decir, que millones de líneas telefónicas podrán operar con identidades totalmente falsas y sus usuarios serán imposibles de identificar.
 
A ello se aúna el hecho de identificar el surgimiento de dos nuevos negocios ilegales.
 
El primero es la renta de identidades, es decir, que cientos de personas se ofrecen para adquirir equipos usando su persona, pero no su identidad, pues la compra de esos equipos se realiza con documentos falsos, por dicha renta de personalidad para comprar aparatos, se llega a cobrar hasta 5 mil pesos por cada equipo comprado.
 
El segundo negocio ilegal lo realizan justo quienes están a cargo de la vigilancia de los reos, los custodios del sistema penitenciario, que se prestan para comprar también con documentos falsos los citados celulares y se alquilan los teléfonos dentro de los penales, por cantidades que van de mil a 5 mil pesos semanales.
 
Cifras dadas a conocer con anterioridad señalan que desde el interior de los penales se genera el 95% de las llamadas con fines de extorsión y 3 de cada 10 secuestros se planea y coordina desde algún penal mexicano.
 
Sin duda el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía estaba condenado a fracasar y vulnerar la seguridad de los ciudadanos.
 
Tratándose de un problema de este tipo, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de orden federal y estatal, deben prestar asesoría técnica a las autoridades, para la instalación y operación de equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de Centros de Reinserción Social, establecimientos penitenciarios o Centros de Internamiento para Menores Infractores, tanto del fuero federal como local.
 
Además, como ya lo expuse a mis compañeros diputados, los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, deben estar obligados a colaborar con las autoridades, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea de investigación y considerando que se encuentren relacionados con pesquisas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
 
Lo anterior, a solicitud de quien ocupe la titularidad de la Procuraduría General de la República, la General de Justicia de la entidad o de los servidores públicos, de su respectiva adscripción, en quienes deleguen esta facultad.
 
Al mismo tiempo, no se puede dejar de lado que es recomendable que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, se comprometan cívicamente y realicen el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil, que funcionen bajo cualquier modalidad y que estén reportadas por los clientes, utilizando cualquier indicio, como robadas o extraviadas, así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía, para efectos de aseguramiento, cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones
 
También deben tener sistemas, equipos y tecnologías que permitan la ubicación o localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea de investigación de presunción delictiva.
 
Otra medida para combatir la extorsión telefónica consiste en que los edificios públicos debe tener equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de Centros de Reinserción Social o Establecimientos Penitenciarios, en sus respectivas modalidades de desempeño Institucional.
 
Como ya lo expresé ante el pleno del Congreso, con estos antecedentes considero pertinente una exhortación a los poderes Ejecutivo del orden federal y estatal para que, en el marco de sus facultades y obligaciones, emprendan acciones conjuntas que garanticen abatir la extorsión telefónica que garantice tranquilidad a los ciudadanos.
 
Pagar una extorsión, no garantiza seguridad, por el contrario, somete a la víctima a una explotación constante e incrementa el riesgo a sufrir algún daño patrimonial mayor, por lo que como legisladores debemos tomar acciones que ayuden a garantizar la tranquilidad de las familias.
 
Integrante de la LX Legislatura.
 
 
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