* Adriana Dávila Fernández

La libertad, por ser inherente a la dignidad humana, es uno de los derechos fundamentales más preciados y para que este derecho sea respetado, debemos luchar día a día. Sin duda alguna, es una potestad fundamental que el Estado Mexicano debe salvaguardar. El Estado cumple con este deber, no sólo al respetar el libre ejercicio de este derecho por parte de todos los mexicanos (actividades de prevención), sino además, al ser garante del mismo mediante instrumentos legales (leyes) e instituciones sólidas de procuración y administración de justicia.

La privación ilegal de la libertad, es decir el secuestro, es uno de los delitos que más ha lastimado a México en los últimos tiempos, porque denota la actuación impune de la delincuencia organizada.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado se ha pronunciado con firmeza sobre los casos de secuestro y sin quebrantar las garantías individuales: ningún sujeto al que la Autoridad Judicial compruebe su participación en un secuestro puede quedar impune. Más aún, debe recibir todo el rigor de la ley y no quedar sin castigo. La justicia debe ser implacable, siempre ante el respeto del principio de presunción de inocencia.

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez ha resaltado en el ámbito judicial, porque víctimas y cómplices han reconocido su participación a plenitud en hechos ilícitos. No es dato menor haber sido identificada por las víctimas, sino también por los participantes del delito.

Pocas dudas hay sobre su participación delictiva con el grupo de secuestradores (Banda de los Zodiacos), en varios municipios del Estado de México y el Distrito Federal, encabezados por su pareja sentimental Israel Vallarta. De hecho, la señora Cassez fue sentenciada por estos hechos, primero a 90 y luego a 60 años de prisión.

La Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, a propuesta de la Ministra Olga Sánchez Cordero, analizó y votó a favor de otorgar el amparo que da libertad a la cómplice de un secuestro, por inconsistencias en el proceso. De ser cómplice… ¿pasó a ser víctima?

Esta decisión ha sentado precedente de que el crimen en México no es castigado. Se aprobó una sentencia que libera a una culpable, a pesar del testimonio de las víctimas que sufrieron el terror del secuestro, quienes merecen justicia y la garantía de que el Estado Mexicano castigue a los criminales.

Con pleno respeto al principio constitucional de división de poderes, hoy nos pronunciamos porque en México no se permita la impunidad en casos como éste. Bien apeló en su momento el Presidente Felipe Calderón para que la interpretación de la ley no fuera una “rendija” por donde la impunidad pudiera escaparse. Señaló con certeza que el poder judicial debía ponderar las garantías de los procesados sí, pero también y por igual, considerar y respetar los derechos de las víctimas. Con la resolución tomada por el máximo órgano de impartición de justicia en nuestro país, ¿qué se les puede decir ahora a las víctimas?

Debe quedar claro que el gobierno federal no puede ni debe estar sujeto a presiones políticas o diplomáticas de ningún tipo. Los compromisos asumidos por el Presidente de la República con el gobierno francés no pueden condicionar la acción del Poder Judicial, el cual debe permanecer libre de todo tipo de coacción o sometimiento por parte del Ejecutivo Federal.

Reitero que este caso sienta un mal precedente para nuestro país, para la procuración de justicia y la seguridad pública. Y México no se lo merece. Sin embargo, este es el momento en el que se deben honrar los compromisos del “Pacto por México”, suscritos en beneficio de una sociedad que no quiere más crímenes sin castigo. Sería un terrible error dejar, en lo subsecuente, impune la complicidad en un secuestro.

En ese contexto, la Ley General de Víctimas debe surtir efectos para reparar el daño que sufrieron las víctimas de este delito. ¿Cómo explicarle a una víctima que la victimaria salió libre, aún y cuando se comprobó y sancionó su participación?

El Partido Acción Nacional asume su papel como fuerza política defensora de la libertad humana y de la justicia, comprometido con México y con las víctimas del delito. Respetará de forma absoluta y estricta las decisiones del Poder Judicial. No obstante ello, también hace una invitación a reflexionar sobre el camino que debe tomar nuestro sistema nacional de justicia. No puede seguir en la valoración de fallas procedimentales sin valorar de fondo la culpabilidad o inocencia de los criminales. México no lo merece.

* Senadora