Juan Fulgencio Torres Tizatl
Continuidad para el desarrollo
La continuidad de las acciones es un punto importante que ayuda al adecuado desarrollo de las sociedades, sobre todo, cuando se relacionan con algo que signifique beneficios a quienes la integran.
En ese sentido, en estas líneas quiero referirme a la necesidad de que desde nuestra legislación se procure generar las condiciones propicias para este fin, sobre todo cuando se trata de obra pública realizada con recursos públicos y con beneficio social.
De entrada, es preciso señalar que se denomina obra pública a los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener y modificar los trabajos de construcción, ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por una administración, teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.
El primer elemento puede consistir en construir, reparar, conservar, instalar o demoler un bien mueble o inmueble, pero pueden estar precedidas de otros trabajos necesariamente previos, por ejemplo: investigaciones y estudios técnicos que hagan segura y factible la obra, anteproyectos de ingeniería y arquitectónicos, etcétera.
Es conveniente precisar que la obra pública lo es en tanto al servicio o el trabajo en que se esté realizando, pero una vez finalizado el servicio o el trabajo, concluye también la obra pública y el bien al cual se aplicó la obra entra a formar parte del patrimonio del gobierno.
Es común calificar de obra pública a una presa, a un puente o a una carretera, esto es correcto si sucede en el trayecto en que tales “obras” se están realizando, pero si ya se terminaron, dejan de serlo. Una vez concluida la obra, el bien construido se incorpora a los bienes del Estado o al servicio de la colectividad.
El Segundo elemento esencial es que la obra sea una actividad del Estado. Los particulares podrán realizar obras de indiscutible beneficio para la sociedad, pero serán obras privadas socialmente útiles, pero no obras públicas, serán trabajos privados no trabajos públicos.
Es importante aclarar que es común que el Estado no cuente con los suficientes recursos personales y técnicos para realizar todas las obras que planea, especialmente si se trata de obras públicas cuya magnitud misma o características sofisticadas exigen la utilización de técnicas, ingeniería, equipos, maquinaria y especialistas de difícil y hasta imposible adquisición permanente.
Esto explica con toda naturalidad porque el Estado recurre con frecuencia a diversos procedimientos legales o sociales para la realización de obras públicas y a la utilización de los servicios de particulares.
Ahora bien, la obra pública no es una mera prestación de servicios, necesariamente tiene que vincularse a un bien del estado, sea en forma directa o indirecta.
Es probable que el gobierno lleve a cabo trabajos que finalmente no tengan como propósito el servir a la colectividad. Esto parecerá un contrasentido a la idea generalizada de que es esencial al Estado, a su existencia misma, al ser un ente para servir a la sociedad, sin embargo, la experiencia administrativa nos ha enseñado que son muchos los casos en que los gobiernos federal, estatal y municipal realizan obras que no son precisamente para la colectividad o para beneficio general, sino al contrario.
Es necesario recalcar que el trabajo que lleve a cabo la administración bajo el titulo de obra pública, debe ser para beneficio de la colectividad.
Sin embargo, la mayoría de las veces los funcionarios no comparten esa misma visión, por lo que al salir del periodo de gobierno en el que se encuentran dejan inconclusas muchas obras, que lejos de ser de apoyo y bienestar para la ciudadanía, se convierten en construcciones abandonadas, resultando poca la inversión y mayor la perdida.
Es importante que las próximas administraciones, estatal y municipal, den continuidad a las obras y acciones que han sido iniciadas, puesto que deben de ser tareas centrales en las que un Ayuntamiento responsable se debe hacer cargo, manejando un presupuesto bien establecido, así cuando haya cambio de periodo de gobierno, ese presupuesto ya esté destinado y/o etiquetado por el gobierno saliente y continuado por el entrante.
Por lo anterior, es que en mi carácter de diputado presenté una iniciativa con Proyecto de Decreto, para adicionar una fracción IV del artículo 23 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y el segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 21 de la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para propiciar que las autoridades salientes proporcionen la información necesaria a las entrantes para que estén en posibilidades de concretar los trabajos que estén pendientes.
Con ello, se pretende dotar de herramientas a las autoridades municipales para cumplir con su labor en beneficio de la sociedad, lo cual es parte de nuestra tarea como legisladores.
*Diputado integrante de la LX Legislatura