* Juan Javier Potrero Tizamitl
Defensa del territorio estatal

Es del dominio público que los estados de Tlaxcala y Puebla arrastran problemas relacionados con sus límites territoriales, derivados en gran medida por la falta de voluntad política de sus gobiernos, que en años recientes se han agravado, situación que obliga a una actuación decidida y legal de parte de las autoridades.
Es así, que ante el fracaso de la primera y más sensata forma de solución se establece un convenio entre los titulares del poder Ejecutivo, ratificado por el Senado de la Republica.
El pasado 23 de noviembre de 2012 alcanzó su punto máximo de gravedad, ya que un grupo de vecinos de éste municipio fueron despojados de los predios ubicados en San Salvador Tepexco de los que son legítimos propietarios, originando que las autoridades municipales se vean claramente rebasadas.
No debemos dejar de observar consecuencias de otra índole y que pueden derivar en un desbordamiento de la inconformidad social, como la falta de responsabilidad en la prestación de servicios públicos básicos, la negativa de las autoridades electorales hacia los habitantes de las zonas en conflicto a inscribirse en el Listado Nominal de electores, digan pertenecer a uno u otro estado, así como la negativa de autoridades administrativas a emitir documentos básicos como constancias de posesión y/o radicación etc, lo que sin duda significa la falta de claridad de la gente afectada de pertenecer legalmente a uno u otro Estado.
Ante el panorama de confusión e ilegalidad, la sociedad se ve obligada a organizarse para defender el patrimonio, por lo que han surgido ya organizaciones de la sociedad civil, quienes pugnan por una solución pronta, pacífica y justa.
Ante este panorama es más que necesario actuar en consecuencia, por razones no solo de justicia social, sino también porque es el deber de las autoridades y poderes de la entidad.
En este orden de ideas, se requiere de una autentica y genuina voluntad política, así como de una visión de estadista para poner un alto a los abusos de colonos de la ciudad y el estado de Puebla.
Ante la negligencia y desinterés de las autoridades poblanas sobre este asunto, nos corresponde a los poderes públicos de Tlaxcala, encabezadas por el Ejecutivo, tomar acciones apegadas a la ley.
Por ello, es necesario respetar y cumplir el Decreto Federal por el que se aprueban los límites territoriales de ambos Estados emitido por el Congreso de la Unión de fecha 15 de diciembre de 1899, siendo presidente de la Republica el General Porfirio Díaz Mori; para resolver así de manera definitiva el histórico y cada vez más grave conflicto de Límites Territoriales entre ambas entidades.
La interposición de una Controversia Constitucional y una resolución favorable al estado de Tlaxcala, daría pie al irrestricto respeto y observancia a los límites territoriales delineados hace aproximadamente 113 años.
Reconocería a los tlaxcaltecas los derechos y soberanía sobre los territorios invadidos, traería claridad de responsabilidades administrativas de las autoridades involucradas para la prestación de servicios, además de que se normarían y regularían los cobros por los mismos.
Se establecerían acuerdos de cooperación y coordinación entre ambas entidades con base en una resolución emitida por la máxima instancia de justicia del país, e igual de importante, se potenciarían las perspectivas de desarrollo y progreso de los 20 municipios tlaxcaltecas y los 18 poblanos que conforman la Cuarta Zona Metropolitana.
Es de recordar que en enero de 2012 se suscitaron enfrentamientos entre propietarios de predios ubicados en la zonas conocidas como La Providencia y Santiago de los Leones, de la comunidad de Tlaltepango en San Pablo del Monte, por la invasión de al menos una hectárea y media por parte de gente perteneciente a la agrupación Antorcha Campesina del Estado de Puebla, organización de uso y fines políticos con historial bastante conocido.
Ahora bien, conforme a la Constitución para el estado libre y soberano de Tlaxcala, en su artículo 70 fracción XXVIII, el gobernador puede “Solicitar la protección de los poderes de la Unión y ejercitar las acciones que le otorga el Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Por ello, desde la tribuna del Congreso y desde este espacio exhorto al titular del poder Ejecutivo y al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, a suscribir e impetrar la correspondiente controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las autoridades del estado de Puebla, con apego siempre a la legalidad para resolver de manera definitiva esta problemática del estado.
Lo anterior, por la constante y consumada invasión del territorio del sur, por personas que argumentan que dichos territorios les corresponden, la cual se ha dado con anuencia, consentimiento, auspicio, respaldo y legitimación de las autoridades de la entidad vecina.

*Diputado integrante de la LX Legislatura