La justicia es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del bien común. Es un valor determinado por la sociedad, que nace de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en su interacción.

Uno de los principales objetivos que una administración pública debe trazarse desde sus inicios, es la de infundir confianza entre quienes integran una sociedad; sin embargo, la realidad nos muestra que las cosas no son así, la corrupción es un fenómeno que permea en casi todos los ámbitos justamente porque no existe una conciencia de respeto al bien común y a las leyes.

En la actualidad las instituciones responsables de la Procuración de Justicia en México están obligadas a brindar un servicio de calidad, de vanguardia y con gran sentido humano, a fortalecer las actuales estructuras sustantivas y a propiciar una dinámica capaz de responder con inmediatez a los fenómenos delincuenciales que pretenden fragmentar el orden social, haciendo frente a las organizaciones criminales.

Recuperar la confianza tan necesaria para poder hablar de que en nuestro estado se vela por la justicia y un real estado de derecho, debiera ser un objetivo fundamental. El horizonte, la perspectiva de un estado depende en gran medida de quienes representan a nuestras instituciones, de su capacidad y rectitud para servir al bien general y no a intereses particulares.

Hoy en día no puede hablarse de la existencia de una digna y eficiente procuración de justicia en nuestro estado, que asegure el cumplimiento del ejercicio de la misma y es que la justicia como valor y sentimiento social es una de las más grandes aspiraciones que como sociedad añoramos, aunado a esto, la falta de elementos en algunas áreas de la Procuraduría General de Justicia de nuestro estado, como lo es en el Área Norte del Departamento de Peritos, deja agigantadas dudas sobre la debida operatividad de las áreas de esta importante institución.

A manera de denuncia y queja que como ciudadana estoy habilitada a poder presentar y más aún obligada en mi carácter de representante popular, como diputada del décimo tercer distrito electoral, que comprende los municipios de Nanacamilpa de Mariano Arista y Calpulalpan, he de señalar que a lo largo de más de un año en la Agencia del Ministerio Público adscrita al Distrito Judicial de Ocampo con sede en la ciudad de Calpulalpan, se ha trabajado únicamente con un solo médico legista, mismo que labora en un horario de veinticuatro por veinticuatro horas, por tanto se queda desierta dicha plaza a lo largo de todo un día.

Si tomamos en cuenta que en esta Agencia del Ministerio Público se presentan denuncias y querellas de diferentes Municipios de la zona norponiente de nuestro estado  como lo son: el propio Calpulalpan, Españita, Hueyotlipan, Nanacamilpa de Mariano Arista, Sanctorum de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez; y que entre todos ellos suman casi los cien mil habitantes, resulta realmente incomprensible cómo es que no se han tomado cartas en el asunto.

Además de los problemas habituales en estas demarcaciones, los tramos carreteros que cruzan las mismas arrojan cifras de innumerables accidentes de tránsito que necesitan de las certificación por parte de un médico legista, en el caso de lesionados, puestos a disposición  y detenidos, pero para que esto suceda hay que tomarse su tiempo porque no se cuenta con el personal suficiente para ello.

En los casos de lesiones por agresiones, violencia familiar o alguna otra causa, pues hay que decirle al agresor que nos espere tantito, porque si no además de la paliza todavía nos tenemos que aventar otro martirio, esperando a que el médico legista tenga tiempo de calificar las lesiones.

Uno de los factores que propician la detonación del crecimiento de una sociedad y la confianza en la inversión de capitales tiene que ver con la capacidad que un estado tiene para solucionar sus problemas estructurales, es necesario trabajar en el fortalecimiento de la eficacia sustantiva de las instituciones de nuestro estado, especialmente cuando de procuración de justicia hablamos, estableciendo un sistema de metas institucionales, que comprenda la medición y seguimiento de los indicadores de operación.

Para que una institución genere la confianza necesaria para con la sociedad, debe actuar con eficacia brindando siempre comodidad en quienes la integran, nuestras instituciones deben ser sinónimo de servicio y rectitud; rectitud que concierne también a la manera de decir y hacer, pues una institución carecerá de la confianza de la sociedad si entre su discurso y su acción no hay correspondencia.

Por tal motivo, el pasado 26 de noviembre sometí a consideración del Pleno del Congreso local el acuerdo por el cual se exhorta a la procuraduría general de justicia del estado de Tlaxcala para que, en el marco de sus atribuciones y obligaciones, realice una revisión y evaluación detallada de la eficiencia, eficacia y efectividad de su organización estructural, así también se realice la cobertura de los espacios vacantes o bien se amplíe la plantilla laboral de las diferentes Direcciones y Departamentos que conforman a esta Institución, que así lo requieran.

* Diputada integrante de la LX Legislatura