PALABRA EN TRANSPARENCIA

Claudio Cirio Romero

El costo de la información pública

Afortunadamente, considero así por lo visto durante nuestro primer año como Comisionado de transparencia en Tlaxcala, la coordinación que los órganos garantes en las diversas entidades además del IFAI, permite ese tema en contexto lo que ayuda mucho en el quehacer cotidiano.

Así, nos preocupa no solo lo que ocurre en nuestra entidad sino en el país entero e incluso fuera de él.  Sin vocación de “candil de la calle” desde luego.

Hace unas dos colaboraciones escribía sobre el caso del precio de las copias certificadas en Puebla y lo que alrededor de ello abonaba a la “contraola de opacidad” que pareciera querer formarse en México, cuyas señales no paran.  Como ejemplo de esto, sin profundizar, puede verse el hecho de que Calderón, esté proponiendo, para sustituir a María Marván en el IFAI, a una persona que según organizaciones sociales como Artículo 19 (www.articulo19.org) o FUNDAR (www.fundar.org.mx), no consideran apropiado.

Pero ese es un tema que parece puede esperar por lo que más bien nos interesa retomar lo que podríamos llamar “el costo de la información pública”.

Sobre todo porque luego de que la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) presentara una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 73 y 76 de la ley de ingresos del estado de puebla, para el ejercicio fiscal 2012; la respuesta del gobernador Moreno Valle (a pesar de mostrar su ignorancia o desconocimiento sobre el asunto en una entrevista con Carmen Aristegui) finalmente fue la de recular.  Planteó al Congreso local, iniciando febrero, que se disminuyera de 80 a 20 pesos el costo de la copia certificada además de que eliminaría la obligatoriedad de que la información pública (principalmente la financiera) solo pueda ser entregada con este tipo de copias; lo cual era totalmente una medida inhibitoria a la transparencia gubernamental.

Lo que nos permite puntualizar que el principio de gratuidad de la información pública que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a eso, que la información es gratuita, no así los soportes (papel o cds por ejemplo).

Pero si el precio de dichos soportes se eleva mucho respecto al precio vigente en el mercado, esto sí constituye una medida de inhibición al derecho de acceso a la información pública.  Y el caso de Puebla que hemos comentado, nos permite revisar esto en los diversos estados del país, como lo hace el documento de la acción de inconstitucionalidad presentada.  Por cierto enviamos una felicitación a Blanca Lilia Ibarra por su informe al frente de la CAIP Puebla que dará este lunes 13 de febrero.

Por lo que, regresando al tema,  lo que desde luego se es necesario revisar cómo está el asunto en Tlaxcala. Porque tampoco hay vocación de “oscuridad de la casa”.

De acuerdo con lo que establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios vigente, en su Artículo 164 dice que “Los servicios que proporcione cualquier otra dependencia de los Poderes del Estado, que no tenga destinada una sección especial en este capítulo, para establecer la cantidad que deberá pagar el interesado por concepto de contraprestación por el servicio recibido,…” estará sujeto a una “tarifa” de tres numerales, de los cuáles interesan al propósito de esta reflexión solo los dos iniciales.

El primero dice que las “Copias certificadas de datos o documentos que obren en las dependencias oficiales, por cada foja, un día de salario mínimo;” Es decir 59.08 pesos, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para la Región “C”, a la que pertenece Tlaxcala.  Y cómo vemos sólo habría unos 21 pesos de diferencia respecto a lo que estaba para Puebla antes del reculamiento Morenovallista.  O sea muy bien que digamos no estamos. Nuevamente supongamos que una solicitud implica sólo 5 fojas, que tendrían un costo total de 295 pesos.  ¿Puede sin mayor dificultad un obrero pagar dicha cantidad?  ¿No preferiría gastar ese dinero en cuestiones más elementales como alimentación o educación para sus hijos?

En todo caso valdría la pena preguntar para qué sirve una “copia certificada” de información pública, como por ejemplo un acta de sesión de cabildo. Más allá de la fe pública que tendrían tales documentos, muchos de estos tienen valor por sí mismos por ser incluso información de oficio, es decir que debe hacerse pública sin necesidad de que medie una solicitud de información.

Asimismo el segundo numeral dice que las “Copias simples de datos o documentos que obren en las dependencias oficiales, por cada foja, un cuarto de día de salario mínimo,” es  decir unos 14 pesos con 77 centavos.  En este segundo caso los solicitantes de información pagarían unas 15 veces más la fotocopia de acuerdo con el precio promedio en el mercado.

Ante este panorama, me parece que sería importante alguna medida legal que pudiera proponer el gobernador Mariano González Zarur, para modificar esto en el Código mencionado arriba, así como una actitud receptiva en el Congreso Local y de esa manera manifestar un apoyo real a la transparencia.

Serviría mucho porque también podría ajustarse el último párrafo de dicho artículo, porque dice a la letra que “Las copias certificadas o certificaciones deberán expedirse siempre y cuando los interesados o sus representantes legales lo soliciten por escrito y expresen el uso o destino que se les vaya a dar, lo cual se hará constar en su texto por la autoridad que las proporcione, si no hubiere ordenamiento legal que lo impida.” Lo que podría estar violentando la fracción III del artículo 6to. Constitucional, adicionado el 20 de julio de 2007, que dice: “Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.” (Cursivas negritas nuestras para destacar)

A nosotros desde la CAIPTLAX, sólo nos quedaría hacer un llamado a todos los sujetos obligados por la ley de acceso a la información pública y protección de datos personales, tener un poco de sensibilidad al respecto y cobrar menos para facilitarles a las personas su derecho a saber.

ccirior@caip-tlax.org.mx         twiter: @ccirior