Sen. Adriana Dávila Fernández
El clientelismo electoral
En las catorce entidades federativas en las que se celebrarán procesos electorales locales, deberían existir garantías para el ejercicio pleno del sufragio.  Sin componendas ni presiones; respeto a las reglas acordadas para que, en libertad absoluta, el elector escuche y conozca las propuestas presentadas por los candidatos de los distintos Partidos Políticos en las campañas electorales.
Sin embargo, en muy diversas y nutridas formas, el viejo régimen se hace presente con prácticas negadas por los responsables de las políticas públicas pero, documentadas por Acción Nacional y el ejercicio periodístico.  El clientelismo electoral, el lucro con las necesidades de sectores vulnerables, las condiciones inequitativas para los competidores, entre otras, son muestra del persistente autoritarismo de los Gobernadores del PRI.  En público firman “el deber ser”, a través de una adenda o compromiso democrático; en sus territorios operan a favor de los candidatos de su Partido, rompen reglas y ejercen prácticas para ganar como sea el primer domingo de julio.
El caso Veracruz exhibe con claridad la falta de voluntad para erradicar el problema.  A pesar de documentar con pruebas incontrovertibles las faltas cometidas, todavía no hay respuesta contundente, sólo impunidad que poco aporta a la credibilidad del proceso electoral y sus autoridades porque, ante indicios graves en materia electoral de funcionarios locales, no hay castigo ni sanciones, sólo ajustes en el equipo del gobernante.
El Gobierno veracruzano ha utilizado todos los medios a su alcance, cuenta con el acceso y uso de recursos humanos, técnicos y económicos, un franco control de los medios de comunicación estatal y con autoridades electorales a modo, para “encontrar salidas jurídicas y justificaciones” a los hechos denunciados, presentados ante la opinión pública y no aclarados en ninguna circunstancia. La denuncia penal de Acción Nacional sólo derivó en la vieja salida del autoritarismo que justifica el uso de recursos públicos en los tres órdenes de gobierno: impunidad.  Por eso se inhibe la participación de los ciudadanos;  por ello, no confían en las autoridades.
Las mañas de la delincuencia electoral deben ser sancionadas para que puedan ser erradicadas. Mientras no exista voluntad para castigar las irregularidades, no se avanzará en el ámbito democrático.
En Baja California, por ejemplo, se llegó al absurdo de cuestionar el apagón analógico en Tijuana y fue utilizado como bandera electoral.  Autoridades federales y estatales (se incluyen las electorales), así como los expertos en la materia, tuvieron conocimiento de la imposibilidad de dotar de convertidores al 100% de los hogares antes de “bajar el switch”.  Se logró el 93% de la cobertura –fue previsto dejar hasta un 10% sin el servicio-, y el acto no sorprendió a nadie.
¡Ah! Pero llegó el día y los argumentos técnicos se desvanecieron ante las demandas político-electorales: un 7% fue afectado con el apagón analógico y, a pesar de contar con opciones para solucionar el problema, a petición del Ejecutivo Federal, el Secretario de Comunicaciones y Transportes solicitó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, suspender el proceso de evolución tecnológica y restablecer el servicio para “cubrir”el proceso electoral local. 
Este caso es uno más que obedece a  intereses electorales.  Me recuerda la controversia generada por el “horario de verano”, entre reconocidos expertos que con razonamientos técnicos, explicaron a la población el por qué y los alcances delos beneficios sociales de este programa para aprovechar los tiempos, y la insistencia de un líder políticodispuesto a someter, eso sí “democráticamente”, su aplicación a los habitantes de su demarcación territorial.
Hay reformas constitucionales que definen cuestiones específicas en materia de telecomunicaciones y no es correcto manipularlas, so pretexto de atender a los ciudadanos.
Si los legisladores hemos trabajado y llegado a acuerdos, éstos no pueden modificarse a modo.
Muchas son ya las muestras de cómo se mueve el aparato federal, con el fin de obtener votos. Para lograr condiciones democráticas mínimas, es necesario terminar con el clientelismo electoral.  Se requieren voluntad política, transparencia en las decisiones y combate frontal a la impunidad.
RECUENTOS
En el PRI hay presión, inquietud y urgencia para nombrar al nuevo Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral.  Es lógico, necesario es el “voto” para aprobar los gastos de campaña del Revolucionario Institucional en el proceso electoral federal 2012, con el caso Monex y la elección “ganada” o comprada a billetazos.