Gobernador rico, estado pobre

José Javier Reyes

Cuando Javier Duarte de Ochoa se presentó al noticiero matutino de Carlos Loret de Mola para anunciar que solicitaría licencia al cargo de gobernador de Veracruz, con cierta ingenuidad Loret le preguntó si no era una forma de darse a la fuga, protegido por el fuero constitucional. Digo ingenuidad porque el 99.9 por ciento de la audiencia sabía que ésta era la única razón de dicha solicitud.

Inmediatamente empezaron a circular en redes sociales unos memes que hacían alusión al inminente prófugo: el dibujo de unas manos de cerdo con esposas y la leyenda “No dejen que escape”. Pero amparado en que uno de sus principales cómplices quedaba a cargo como gobernador interino, Duarte escapó.

Como si esa hubiera sido la señal, comenzaron a difundirse una serie de informaciones sobre las desmedidas acciones del gobernador con licencia en contra del erario, de los presidentes municipales y de los contratistas del gobierno estatal. De los bienes adquiridos de forma inexplicable o francamente ilícita. De sus interminables prestanombres. De cantidades en términos de millones y decenas de millones y cientos de millones. De la completa impunidad con la que actuó durante seis años y de cómo a 48 días de terminar su mandato se descubrieron todos sus delitos.

Como un villano de telenovela, en el episodio del domingo del gran final la Procuraduría General de la República decide encausarlo y revela lo que sus detractores señalaron desde los primeros meses de su mandato: irregularidades, desvíos, latrocinio en todas sus formas. Eso fue lo que hizo a lo largo de un sexenio, pero el gobierno federal sólo se dio por enterado a un mes de concluir su mandato.

Dos graves encubrimientos hay que señalar entonces: el que realizó el gobierno federal durante esos seis años y el que el gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos realizó para facilitar su fuga. Amén de la fuga de información que lo puso sobre aviso y le permitió evadir la acción de la justicia.

Pero si Duarte merece la cárcel por todo lo que hizo, habría también que procesarlo por lo que no hizo. Durante su mandato la presencia del crimen organizado se hizo sentir como nunca. El gobierno estatal se replegó de una manera indigna y abdicó de su obligación de proporcionar seguridad pública a los veracruzanos. Su indiferencia y ineficacia en la persecución del delito son en sí un delito.

Veracruz se volvió el estado más peligroso para ejercer el periodismo. En un apretado recuento, entre los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte fueron asesinados 24 periodistas y 8 se encuentran desaparecidos. La mayoría de estos casos no se ha resuelto.

Contrastando con la pobreza e inseguridad de sus habitantes, la riqueza de su gobernador creció en proporciones ofensivas. Lo declarado en su 3de3 es tan incongruente, tan irrisorio, tan falso, que mueve a la indignación. Pero en su red de prestanombres (amigos, familiares y empresarios) en sus empresas fantasma, en su inner circle de colaboradores y cómplices, se encuentran los cuantiosos recursos que hoy le faltan a Veracruz. Su quiebra benefició a unos pocos: para qué distribuir la pobreza si se puede concentrar la riqueza.