*Isidro Sánchez piedra

Justicia denegada

Por décadas la Justicia nunca llega con los más pobres de este país y podríamos llenar planas completas de todos los diarios y no acabaríamos en muchos años sin embargo aquí enumeramos uno de tantos ejemplos, el de Alejandra González López originaria y vecina de la comunidad de La Trasquila, Municipio de Atlangatepec, Estado de Tlaxcala, quien a los 38 años de edad fue víctima de Homicidio Culposo, hecho registrado en la Averiguación Previa No. 107/2012-APIZ-2,  y después de dos años la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, no ha integrado correctamente la averiguación previa ni a consignado al juzgado penal que corresponda para castigar a los responsables de este delito, y pretende dejar un asunto más en la impunidad.

A pesar de que directamente el Gobernador del Estado, C.P. Mariano González Zarur, por dos ocasiones ha instruido atender el asunto con comedimiento, esclarecer los hechos y castigar a los responsables, y que la Procuradora General de Justicia, Lic. Alicia Fragoso Sánchez, ha tenido pleno conocimiento del seguimiento que se le ha dado a las investigaciones y ha recibido a los familiares de la víctima por más de cuatro ocasiones prometiéndoles justicia, la realidad es que en los hechos las indagatorias e investigaciones se han burocratizado y desvirtuado con tal de dejar un asunto más en la impunidad; y los derechos de las víctimas también pisoteados una vez más por las omisiones de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, y entonces los derechos que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convierten en meras letras plasmadas en un ordenamiento jurídico que debiera regir nuestro sistema político pero que por el contrario es ignorado y rebasado por las omisiones u acciones de los servidores públicos.

Dice nuestra constitución: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, reza el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Acceso a la Justicia es un derecho humano que constituye el pilar principal de un sistema democrático como el nuestro, cuya razón de ser es garantizar los derechos humanos a todos por igual.

La realidad: Cuando la sociedad se decide a denunciar el delito, el Ministerio Público no siempre tienen la disposición de atender con responsabilidad una denuncia, la mayoría de las ocasiones dice si no tienen pruebas mejor ni denuncien, siendo que este servidor público es el encargado de buscar esas pruebas y configurar el delito, pero en la realidad la búsqueda de pruebas la dejan en manos de las victimas pero tratándose de familias pobres que no cuentan con recursos suficientes para erogar los gastos que implican una investigación y búsqueda de pruebas por sus condiciones se ven obligados a dejar de exigir Justicia un derecho que debiera ser irrenunciable. Nos queda claro que cuando la responsabilidad del estado no se cumple y se pretende dejar en manos de las victimas es por demás una prueba contundente de una violación a sus derechos humanos y de que las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia son cómplices de la delincuencia a la que con sus omisiones y acciones ilegales les favorecen, pisoteando la Justicia y consolidando en los hechos que impere la Impunidad; por eso se dice que la Justicia es solo para los ricos porque ellos si tienen dinero para comprarla porque sin dinero tampoco la encontrarían, pero los pobre de México que somos la gran mayoría estaremos siempre buscando una justicia que no llegara mientras los que están en el poder sigan siendo los mismos.

Aquí la ciudadana  procuradora desempeña por mandato de ley don funciones una que es la de procurar e impartir justicia, y otra la de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas, pero da la casualidad que ninguna de sus responsabilidades se cumplen, y todo por no contar con un órgano rector compuesto por ciudadanos(as) de pensamiento libre que vigilen de cerca las actuaciones de los servidores públicos y que les exijan rendición de cuentas no solo de los recursos públicos que ejercen sino también de cada una de sus actividades.

Por este medio se emplaza a la Procuradora de Justicia del estado de Tlaxcala, y Presidenta de la Comisión de Protección a las Victimas, a que en los días que restan del presente año ordene la integración correcta y conforme a derecho de la Averiguación Previa No. 107/2012-APIZ-2, y que sea turnada al juzgado penal que corresponda para que de una vez por todas se castigue a los presuntos responsables, y se indemnice a los familiares de la víctima quienes se encuentran en estado de indefensión. 

*Defensor de Derechos Humanos