Alberto Méndez Aguilar

La ola española

No deja de sorprender la serie de noticias venidas de la Madre Patria relacionadas con delitos financieros. La  mismísima corona española se ha visto involucrada en alguno de esos casos, a través del yerno Iñaki Urdangarin, a quien se acusa  de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, además de blanqueo de capitales, entre otros.

La más reciente de las informaciones habla de la quiebra del  Banco Madrid, afectado por una investigación sobre blanqueo de capitales en la sucursal de Andorra. La quiebra pone en riesgo los ahorros de 15 mil clientes.

Pero esto es apenas lo más reciente. Aún están por resolverse dos grandes casos: la defraudación fiscal y el posible blanqueo de capitales de que se acusa a Jordi Pujol, presidente del gobierno de Cataluña durante 23 años y uno de los santones de la maltrecha clase político empresarial  de aquél país

El otro gran caso es el llamado La Trama Gurtel, una red de corrupción entre autoridades municipales del Partido Popular –actual fuerza gobernante en el país- y empresarios que habría causado a la hacienda pública daños por 449 millones de euros.

Gurtel, por cierto, no es del todo original: autoridades que tejen con empresas negocios a costa del erario. ¿Suena exótico? El problema no es que ocurra sino que se descubra. Y más: que intervenga la autoridad y juzgue y condene. Este es el aspecto más relevante de esta serie de acontecimientos: la justicia averigua, investiga y procesa a los presuntos responsables, sean quienes sean, incluida la familia real.

Estamos hablando de la autonomía de la justicia. En tal condición, lo mismo cita a declarar a toda la familia Pujol (tres de cuyos hijos, por cierto, han sido activos en las tareas de fraude) que a la infanta Cristina (hija del rey Juan Carlos y esposa de Urdangarin).Y todo apunta a que no escaparan de las sanciones.

Pujol, se sabe, era una de las figuras totémicas de la política catalana. Influyente y ejemplar hasta que se da a conocer que lleva el angelito más de 30 años defraudando al fisco y deposita sus millones en Suiza. Y que sus vástagos, al amparo del poder que durante 23 años detentó la familia directamente, se han  visto muy activos en hacer negocios, traficar influencias, circular información privilegiada.

Con el Duque consorte de Palma de Mallorca (Urdangarin) tampoco hay novedad. El Duque encabezaba una fundación “sin ánimo de lucro” a través de la cual, con gobiernos municipales y entidades oficiales, firmaba convenios para obras que no se realizaron o para realizar eventos cuyos presupuestos eran inflados. Claro que había que firmar los convenios pues el gestor era nada menos que el yerno de su majestad, don Juan Carlos I. ¿Algo que no hayamos visto antes ?

Pero la diferencia, insisto, es la actuación de la justicia. En las dos grandes sagas de corrupción como Gurtel y Pujol, los procesos están abiertos y todo parece muy consistente para sancionar de forma severa a los responsables. Igual para el caso que involucra a la familia real.

La actuación de la justicia española hace posible tales cosas, lo que lamentablemente no ocurre en países como el nuestro. ¿Alguien se acuerda , por ejemplo, del Pemexgate? Fue una operación ilegal mayúscula: 1 mil 500 millones de  pesos del sindicato petrolero fueron a dar a  la campaña presidencial del PRI, en el año 2006. El cabeza de ese sindicato era entonces el mismo Romero Deschamps que acaba de salir en la tv y los diarios defendiendo a sus agremiados con motivo del aniversario de la expropiación petrolera. Tan campante.

Frente a este lamentable olvido no deja de ser ejemplar que la justicia española haga su trabajo encarcelando incluso a ídolos populares como la cantante Isabel Pantoja, quien vive tras las rejas pagando una pena por blanqueo de capitales.

De todos modos, en España la cosa no es tan  perfecta  pues ya resulta de cuidado que tantos políticos y empresarios y artistas –antaño modelos “aspiracionales”-  se dediquen al noble oficio de tomar lo ajeno a gran escala. Da oxígeno, al menos, el que un sector de la sociedad –el poder judicial- haga su trabajo y le brinde a esa sociedad algo de certeza frente a tantas confianzas perdidas.

Pero de que hay delincuentes, hasta en las familias reales.