Isidro Sánchez Piedra

Defensor de Derechos Humanos

Hace algunos días nos enteramos que el Titular del Poder Ejecutivo en el estado de Tlaxcala, instaló supuestamente la Comisión Estatal de Victimas, sin convocatoria ni consenso, provocando que la integración de dicha comisión violente flagrantemente la propia ley.

Porque de acuerdo al Título Sexto, Capitulo III, Artículos 84 y 85 fracciones I y II de la Ley General de Víctimas decretada el 16 de Abril de 2013 por el presidente de la república. Versa en el sentido de que en la integración de la comisión deberá haber especialistas de la materia y una representación plural de organizaciones sociales dedicadas a este tema o a los derechos humanos.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará integrada por siete comisionados. El Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública, tres propuestas por cada comisionado a elegir. El Senado elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas.

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva estén representados colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará en los siguientes términos de las propuestas presentadas al Ejecutivo Federal:

I. Cuatro comisionados especialistas en derecho, psicología, derechos humanos, sociología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas;

II. Tres comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales, registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años, o por los organismos públicos de derechos humanos.

Con todo respeto Comisión estatal de Victimas recién integrada en el estado de Tlaxcala, carece de sustento legal, por no existir la convocatoria correspondiente ni pluralidad en su integración, ni mucho menos con la presencia de personas especialistas en la materia, ni representantes de víctimas, mucho menos la presencia de organizaciones No Gubernamentales.

Quizás el gobierno del estado pensó que no era necesario convocar a las organizaciones porque él piensa que ya las terminó y que las pocas que pudiera haber carecen de una infraestructura adecuada con tecnología de punta, pero es obligación del estado el proporcionar las herramientas necesarias para el desempeño correcto y eficaz de dichas tareas encomendadas por la Ley General de Victimas, porque como lo afirman nuestros hermanos de Amnistía Internacional con sede mundial en Londres, Inglaterra, “México es un país de leyes, pero No de Justicia” estamos convencidos que los servidores públicos federales, estatales, municipales y locales, nunca han cumplido sus más elementales obligaciones, mucho menos cumplirán si se les encomiendan otras responsabilidades que desconocen.

También el estado mexicano NO puede ser juez y parte, en un tema tan delicado como lo es la defensa de los derechos humanos y preservar los derechos constitucionales de las VICTIMAS, en todo el país hemos detectado como los servidores públicos nunca asisten a sus oficinas en días y horas hábiles, pues siempre se les observa en eventos de foros y protocolos, que nunca han arrojado ninguna productividad, pues lo que el gobierno pretende es justificar gastos millonarios y más simulación, no es posible que la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, sea el ente principal de la Comisión estatal de Victimas, ya que esta institución nunca procura, mucho menos podrá defender los derechos legítimos de las víctimas, y la señora presidenta del DIF estatal hija del gobernador de Tlaxcala, viene siendo la segunda de abordo, quien tampoco es especialista en derechos humanos ni cuenta con la experiencia necesaria que garantice la aportación mínima de productividad para estos trabajos tan delicados como lo  son la protección a las víctimas, pues la prioridad de esta funcionaria estatal es preservar a toda costa su imagen como futurista política y nada más.  

En cuanto al presidente de la Comisión Estatal de derechos humanos de Tlaxcala, este no defiende ni culturiza, pues carece de los más elementales conocimientos, ya que la mayoría de sus encargos han sido administrativos y por designación, pero en términos jurídicos su desempeño ha sido gris o casi nulo, y de sus valores ni se diga siempre han estado en tela de juicio, por lo tanto no hay calidad moral que garantice la protección a las víctimas por parte de este señor que incluso ha sido agresor de estas.

Muy respetuosamente recomendamos por este medio se reponga el procedimiento ordenando se publique la convocatoria correspondiente y permitiendo que diversos sectores especialistas en la materia y organizaciones NO gubernamentales dedicados a este tema sean parte activa, participativa y operativa de la Comisión Estatal de Víctimas. Pues tengamos muy presente que a consecuencia de gubernamentalizar el ejercicio de estos trabajos diversos sectores del país se manifestaron a través de la instalación de un campamento en contra de las acciones de la Comisión Ejecutiva de Victimas en el Distrito Federal,  dolorosos acontecimientos y diversas protestas que son necesarias ante tanta simulación.