Adriana Dávila Fernández
Oportunidad contra la trata
El pasado 03 de abril, en sesión ordinaria de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República –misma que me honro presidir-, se aprobó el Acuerdo de Creación de la Conferencia Nacional de Legisladores, para atacar este grave problema.
Esta Conferencia, integrada por representantes de los poderes legislativos de todo el país, entre otros objetivos, pretende hacer visible el delito y combatirlo de forma coordinada. Impulsamos este trabajo, porque las Senadoras estamos preocupadas por el insuficiente avance del sistema jurídico nacional contra la trata de personas, así como por crear y fortalecer condiciones que garanticen seguridad y atención a las personas vulnerables. Es impostergable establecer criterios de asistencia y protección a las víctimas, así como subsanar vacíos legales que permitan  a los tratantes continuar con sus actividades ilícitas.
Queremos reafirmar la voluntad política de quienes la integran para fortalecer la coordinación y corresponsabilidad permanente entre legisladoras y legisladores federales, estatales y asambleístas, además de buscar la armonización legislativa nacional en materia de trata de personas, con políticas públicas integrales que contribuyan a la prevención, sanción y erradicación del delito. 
Se revisarán propuestas en congruencia con los criterios generales derivados de la legislación nacional e internacional, para fortalecer el marco jurídico en la materia.
Será creado un Observatorio Legislativo Contra la Trata de Personas, el cual conformará una base de datos global y pública que nos permitirá conocer datos y cifras sobre acciones, programas y políticas instrumentadas para como instrumento afrontar el problema, con lo que se dará seguimiento a la aplicación eficaz de la ley en este rubro
Con la información que se obtenga, se promoverán y propondrán reformas, en diferentes ámbitos de competencia, para armonizar y en su caso, homologar criterios efectivos en el combate de la delincuencia organizada.  Así podremos saber si los diversos modelos empleados para garantizar el cuidado, la debida atención y la reinserción social de las víctimas del delito funcionan correctamente.

Se coadyuvará en la definición de estrategias de prevención y combate, en coordinación con autoridades de otros órdenes y niveles de gobierno, que atiendan, analicen y den respuesta a las observaciones, propuestas y demandas de las organizaciones de la sociedad civil y la academia.  Y también se promocionarán temas integrales que impulsen de manera coordinada políticas públicas regionales.
Las legisladoras y los legisladores representantes del Congreso Unión, de los Congresos Locales y los representantes en la Asamblea del Distrito Federal, nos comprometeremos a unificar criterios y esfuerzos para reafirmar el compromiso nacional de promover la transversalidad legislativa, con objetivos generales y específicos, en la lucha contra la trata de personas, y así evitar que haya más víctimas y victimarios.
Más allá de colores, banderas o voces al interior de este grupo de trabajo, se deja establecido  que cuando se unen esfuerzos comunes, sin importar ideologías o intereses particulares, podemos articular un cuerpo colegiado para obtener beneficios de impacto directo en las políticas públicas que coadyuven a solucionar el problema.
Tengo certeza de la urgente necesidad de impulsar políticas públicas nacionales, locales, municipales y regionales integrales que permitan la prevención, combate, sanción y erradicación de la trata de personas y sus causas.
Es por ello que el acuerdo de creación de la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas, representa una oportunidad valiosa entre parlamentarios y funcionarios de gobierno.