Adriana Dávila Fernández
Reformas del primer año
El pasado 30 de abril concluyó el segundo período ordinario de sesiones de la LXII Legislatura en el Senado de la República.  Concluye así, en su fase ordinaria, este  primer año de ejercicio, por lo que vale la pena realizar un recuento de actividades, logros y pendientes legislativos que nos permita saber cuánto avanzamos y cuáles fueron las decisiones tomadas, con lo que podremos ajustar nuestro trabajo legislativo.
Ha sido un año positivo, porque se lograron reformas largamente anunciadas durante años, que en su momento no se llevaron a cabo por falta de consensos, principalmente por falta de voluntad de los actores políticos, que antepusieron cálculos electorales, particulares o de grupo, por encima de los intereses de la Nación que, a final de cuentas, es la única que pierde. 
Desde el arranque de esta Legislatura, mucho se opinó sobre la parálisis legislativa, las reformas insuficientes y, por consiguiente, el papel a jugar por los Partidos Políticos de oposición, como si la revancha política fuera opción para explicar la falta de soluciones a una sociedad más organizada, más participativa y más exigente a las acciones realizadas por sus representantes populares.  Por ello, es loable el esfuerzo colectivo por encontrar coincidencias para dar respuestas.
Mencionaré el caso de Acción Nacional.  Cada uno de nosotros, en la libertad que tenemos para expresar, analizar, valorar y votar los distintos asuntos que se someten a nuestra consideración, siempre hemos antepuesto el bienestar común, para mejorar nuestro presente y entregar un mejor futuro a los jóvenes; es decir, atentos estamos a las nuevas generaciones y no a las buenas cuentas que se le tienen que dar al Ejecutivo de los próximos procesos electorales locales.
Destaco la aprobación de la Reforma Laboral, con la que se promoverá la generación de más empleos y se fortalecerá el mercado formal de trabajo; la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con la que se ha dotado al Estado mexicano de nuevas herramientas para atacar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y se protege la integridad de la economía nacional y del sistema financiero;  la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la que se podrá transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno.  Hubo avances en materia de deuda de estados y municipios, incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación del Estado de velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero en esos niveles de Gobierno. Con esta modalidad, se evitarán casos de sobre endeudamiento irresponsable o incluso ilegal, de administraciones estatales y municipales, como han sido los casos de Coahuila, Chiapas, Guerrero, Tabasco, entre otros.
La Reforma Educativa representa un paso importante, porque  elevó a rango constitucional muchos avances logrados en años recientes, como la evaluación magisterial obligatoria y el compromiso del Estado con la calidad educativa.  También se aprobó en la Ley General de Educación, prohibir o sancionar el condicionamiento de la prestación de servicios educativos a la entrega de aportaciones o cuotas.
Aprobamos la nueva Ley de Amparo. Gracias a este nuevo ordenamiento jurídico, los ciudadanos tendrán nuevas vías para defender sus derechos. Con respecto a los cambios aprobados a la Ley General de Víctimas, hay que señalar que trabajamos en más del 80% de sus artículos para hacerla viable, dar respuesta y atención a los que han sido afectados por delincuentes. También las reformas en materia de transparencia fortalecen al IFAI, en cuanto a la rendición de cuentas, y en la garantía acceso a la información pública a la que tienen derecho todos los ciudadanos.
Se logró la reforma en materia de Telecomunicaciones, gracias al trabajo coordinado en el que participaron expertos en la materia, académicos, autoridades, legisladores, para fortalecer la competencia y crear órganos con sólidas capacidades regulatorias,  que tendrán que rendir cuentas de sus decisiones. Además, se logró reconocer la labor de los medios comunitarios e indígenas, el acceso libre a las telecomunicaciones y la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información.
Al margen de los pendientes legislativos –que son muchos y, por lo mismo, es altamente probable que se convoque a un periodo extraordinario para desahogar la agenda-, me permito señalar el principal cambio en los parlamentarios: voluntad política sin mezquindad para trabajar en el acuerdo colectivo.
Cuando se trabaja por la Patria, hay que hacerlo con responsabilidad y compromiso legislativo, porque la pluralidad es una realidad y sólo la generosidad para la construcción de acuerdos, generará los cambios democráticos que requiere el país.