*Juan Fulgencio Torres Tizatl

Reforzar medidas de seguridad

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos.

Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Sabemos que la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21, párrafos noveno y décimo, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé.

Además que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse, para, regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.

En nuestra Entidad Federativa, es necesario y urgente, impulsar procesos permanentes, periódicos y obligatorios,  de evaluación, control de confianza y del desempeño al debido cumplimiento de los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, de todos y cada uno de los Elementos Policiacos de las diversas Corporaciones de Seguridad Pública.

Principalmente a los encardados de vigilar los Centros de Internamiento Penal, quienes deberán ser evaluados cada seis meses, dada la naturaleza del Nuevo Sistema de Justicia Penal que estamos construyendo en el ámbito Legislativo.

Es necesario cumplir a cabalidad lo que establece el Título Cuarto: Del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia; a través del Capítulo V: De los Procesos de Evaluación; del Capítulo VI: De la Certificación; y del Capítulo VII: Del Consejo de Profesionalización; todos ellos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, en vigor.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social que presido como diputado local, sometió a la amable consideración del Pleno Legislativo el exhorto para que las autoridades competentes relacionadas con el sistema penitenciario de la entidad, a desplegar las medidas de seguridad para evitar la fuga de internos de los penales.

Además de emprender acciones para impedir la introducción de estupefacientes a los mismos, vigilar y evaluar constantemente al personal adscrito a los centros de internamiento penal.

Dicho exhorto pretende que el titular del poder Ejecutivo local, al magistrado designado por el Tribunal Superior de Justicia, para cumplir las funciones del Sistema Penitenciario y Reinserción Social, al Titular de la Secretaria de Seguridad Publica y al Director de Prevención y Reinserción Social en el estado, para que sean emprendidas dichas acciones.

Asimismo, a través de estas líneas, ratifico mi petición para que esto no sea letra muerta y sea tomado con responsabilidad de quienes están al mando y tienen este compromiso en la entidad. No porque lo proponga o de quien proviene, sino por las ciudadanos, por nuestro estado y por nuestro país.

*Diputado integrante de la LX Legislatura