*Vicente Morales Pérez

Transporte público de calidad

Las vías estatales de comunicación son de utilidad pública y su aprovechamiento es controlado por el Estado, quien puede otorgarlo a mexicanos o a sociedades mexicanas.

Compete al Ejecutivo local la planeación, organización, integración, coordinación, supervisión y control del transporte, además de administrar el padrón vehicular en cualquiera de sus modalidades realizando la vigilancia en general de las vías estatales de comunicación.

Son más los vicios y defectos que se observan en la prestación del servicio público del transporte, que las cosas positivas que se pueden destacar del él; dentro de los primeros podemos enunciar conductores que no saben guiar correctamente las unidades, maltrato a los usuarios, tarifas elevadas, contaminación auditiva, sobrecupo, unidades en mal estado, desconocimiento generalizado de las leyes y reglamento, entre otras.

¡Pero a grandes males, grandes remedios!

Es evidente que la transportación, en todas sus formas y variantes, es, ha sido y será un servicio tan fundamental como necesario para toda la gente, pero concentrémonos en ese servicio, en lo que constituye nuestro estado, en donde las distancias son cortas, resultando en algunos casos que el costo es elevado.

Quienes hacen uso del transporte público, se percatan de forma cotidiana que el servicio es malo, deficiente, sucio e inoperante; en las menos de las ocasiones, cuando más llega a ser regular; raro y difícilmente, llega a ser bueno, limpio y seguro.

Para los usuarios mucho tiene que ver con la visión que tienen los propios empresarios, quienes solicitan aumento de tarifas pero no le apuestan a mejorar el servicio, ni sus unidades; mientras que las autoridades correspondientes, en este caso la Secte, realiza todo tipo de operativos, pero menos en los que se vigile el estado de conservación de las unidades, cómo operan y en qué condiciones se da el servicio, que en éstas se respeten el cupo, lo cual,  en muchas de las ocasiones es excedido.

En el caso de la capital del estado, así como en municipios como Chiautempan, Apizaco y Huamantla, se forman cuellos de botella, por lo que de paso,  también hago un llamado a todas y cada una de las delegaciones de policía y tránsito de nuestra entidad, para que planifiquen de mejor forma la circulación vehicular y se eviten este tipo de problemas, sobre todo, en los horarios de entrada y salida de alumnos a las escuelas.

Los usuarios de a pie que tienen necesidad del uso del transporte de pasajeros, ya sea autobús, microbús o combi, a diario constatamos que las autoridades no se han preocupado por dar soluciones reales a este problema, el cual, se agudiza y prueba de ello es que hay invasión de rutas.

En materia de transporte, son tantos los problemas y tan complejos, que su sola enunciación, reporta dificultad, mientras que su solución se antoja en algunos casos punto menos que imposible.

A pesar de ello, ya es tiempo de que se atiendan este tipo de reclamos que hace la ciudadanía, para meter en cintura al transporte público, no podemos resolverlos todos, pero sí empezar por exigir un transporte digno, confiable, limpio y recibir un trato de entes pensantes.

Existe un decreto del ejecutivo estatal, correspondiente al año de 1999, publicado en la segunda época, en número extraordinario del 8 de febrero, en el tomo LXXX, en el que se determinó la suspensión indefinida del otorgamiento de concesiones, sin que esto de ninguna manera haya sido útil para resolver la problemática existente.

No obstante, los años que han transcurrido de la fecha del decreto de mérito, los concesionarios, que tienen unidades en el servicio público, no han actualizado su parque vehicular, encontrándonos con modelos, 1980 o anteriores, en los menos de los casos, pero los hay, probablemente sean modelos 60 o 70 los que aún circulan; aunque esto pareciera increíble ¡los hay!

Ante las realidades que presenta nuestro sistema de transporte, tal pareciera que no existe ley alguna que los meta en cintura, la verdad es que la legislación existe, que no se aplica, es otro cantar; un paliativo ante el caos existente lo constituye el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado que establece unas condiciones mínimas de decoro en que deben estar funcionando las unidades de trasporte público, pero la realidad es muy distinta.

Razón por la cual, he sometido a consideración de la asamblea del Congreso local, el proyecto de reforma y adición al artículo 47 de la de la Ley Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala, para que las unidades, cualesquiera que sea el servicio que presten, deban tener una antigüedad máxima de diez años, retrospectivos y que estén en buenas condiciones.

* Diputado integrante de la LX Legislatura local