Con reformas al Código Financiero del estado que especifiquen las responsabilidades de los ediles para informar y entregar recursos a las presidencias de comunidad, así como tener injerencia en las obras así realizarse, el grupo parlamentario del PRD en el Congreso local busca evitar que los ediles subordinen o retrasen la entrega de presupuesto a las presidencias de comunidad. 

En representación de la bancada del sol azteca, el diputado Adrián Xochitemoc Pedraza presentó al pleno, una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar párrafos a los artículos 510 y 518 del Código Financiero.

Y es que la propuesta argumenta que pese a la obligación  de los ayuntamientos de distribuir el 10% de las participaciones que reciban de los fondos que integran el Fondo Estatal Participable, hay actualmente quejas generalizadas de los presidentes de comunidad, ya que ni los alcaldes ni los tesoreros les informan del monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos Municipal para cada una de las comunidades, "ni tampoco sobre el monto real a que tienen derecho del Fondo Estatal Participable y, en el mejor de los casos al darse alguna información, las participaciones son incompletas o las entregan a a cuentagotas".

Agregó que esto también abre la puerta a situaciones en que los presidentes de comunidad se ven subordinados a los alcaldes, ante la posibilidad de disminuir sus participaciones.
El documento presentado cita casos en los cuales los presidentes de comunidad se han quejado " de los tratos arbitrarios, de la discriminación, de las exclusiones o de los obstáculos y limitaciones que reciben los presidentes de comunidad por parte de los Presidentes Municipales, incluso, hubo o hay casos, en que los emolumentos de los presidentes de comunidad se han retenido o se han disminuido severamente, lo que genera una presión seria para que se subordinen a las decisiones del Presidente Municipal o a no darles los recursos que corresponden a cada comunidad y que están ya previstos, los cuales son desviados a otros fines".
De esta forma, la bancada perredista en el Congreso argumento que estas situaciones se prevé evitarlas con las reformas propuestas, ya que a partir de ella los presidentes y tesoreros serán responsables directos de informar de los recursos a los que tienen derecho las comunidades y entregarlos o serán sujeto a responsabilidad administrativa y será considerado como desviación  de recursos, según plantea la propuesta.