Bajo el hashtag #ProntoSeQueda, la plataforma digital Pronto,que ofrece servicios bajo el esquema de Uber, lanzó una campaña con la que busca obtener el apoyo de la ciudadanía y revertir la postura de las autoridades.

De esta forma, ante la postura del gobierno del estado que ha señalado que no puede operar en Tlaxcala, en redes sociales llamó a firmar una petición en change.org.

Tras la postura adoptada por distintas instituciones sobre nuestra plataforma, hemos decidido hacer este llamado a los ciudadanos", señalan.

En su cuenta de Facebook mencionan que han tenido una recepción "impresionante y se logró un alcance sin precedentes en todo el Estado: 3,000 usuarios, más de 450 viajes realizados y cientos de comentarios de apoyo en distintos medios digitales y redes sociales". 

Más adelante, señalan que la Secte no tiene injerencia en este asunto y sólo un decreto del Ejecutivo podría frenarlos y aún así existe la vía del amparo.

 "PRONTO no dejará de operar con simples amenazas de líderes transportistas en su afán de proteger su monopolio y su imposición de negarnos nuestro derecho constitucional a la libre competencia. Así mismo, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no está facultada para prohibir la operación de una plataforma digital. Mientras no exista un decreto estatal directamente del Ejecutivo (al cual acataremos indicaciones dentro del marco legal que nos compete y se dialogaran los estatutos pertinentes) se mantendrá nuestra postura. Y aun en esa instancia, en caso negativo existe la figura legal del Amparo".

No obstante, pese a señalar que un decreto del Ejecutivo tlaxcalteca podría frenarlos, enseguida mencionan que la autoridad local no tiene injerencia en su regulación.

"Cabe añadir, que el gobierno estatal, la legislatura local y el ayuntamiento no son autoridades para regular, prohibir o permitir actos de comercio, ya que al hacerlo estarían cometiendo una invasión de competencias. Los conductores fungen el papel de comisionistas mercantiles y cumplen una obligación con el cliente, es decir, actos de comercio regulados por el Código de Comercio, una norma federal, y por tanto facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Es interesante ver que el principio de economía colaborativa no tiene ninguna presencia en los representantes del Estado de Tlaxcala, lo cual es sinónimo de desactualización a nivel nacional en cuanto a política social".

Sin decir nombres, en su postura dada a conocer en su página de Facebook tachan de criminal a un miembro de la Coordinadora Estatal de Transporte.

"Así mismo, haremos levantar nuestra voz y no dejaremos que el Estado sea secuestrado por un criminal impuesto como miembro de la Coordinadora de Transportes Público Estatal (Una pequeña búsqueda en Google con su nombre es más que suficiente)".

Miguel Martinez, Nydia Cano y Gabriel Cano pidieron a los ciudadanos usar los medios digitales y redes sociales para hacer valida la libertad de expresión.