Ahora el INE columna por Luis Pérez Cruz

En días pasados se reflexionó profusamente sobre “El proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 40,41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de austeridad republicana y austeridad electoral”. Destacando en esta iniciativa la reforma constitucional que permita, citando textualmente, “que la función electoral tenga como premisa fundamental la austeridad, y que además este principio permee también en todo el ejercicio público, incluyendo a los organismos constitucionales autónomos”. Ello nos lleva a considerar es que el problema de toda institución es el gasto y la solución es su reducción, sin importar, en el caso específico del INE, por ejemplo fortalecer su autonomía y garantizar la certeza de los procesos electorales.

Ahora bien, la suspicacia de AMLO hacia el INE no es de ahora, por ejemplo en 2006, de acuerdo con información oficial, el resultado fue desalentador para López Obrador, quien obtuvo el 35.3% y Calderón el 35.9%. En aquel entonces, Aguilar Camín le cuestionó a López Obrador si su postura crítica hacia el IFE y los medios equivale a que la democracia mexicana no sirve y hay que empezar de nuevo. López Obrador respondió: “En efecto, hay que empezar de nuevo”.

Para la elección de 2012 nuevamente cuestiona el actuar del IFE, asegurando que “Yo no soy un ambicioso, vulgar, no lucho por cargos, lucho por ideales, por principios, pero no se puede repetir lo de 2006, pónganse en mi lugar, si se hace un fraude, ¿cómo se va a aceptar?; es un acto de traición a la democracia, es traicionarnos a nosotros mismos.

Muchas veces se le cuestionó, nuevamente argumentó y aseveró “Entonces, si ustedes ayudan para que la elección sea limpia y sea libre, esto permite a todos aceptar las reglas, pero si se usa dinero a raudales para favorecer a un candidato, (si) no hay equidad en los medios; si hay guerra sucia y todavía (así me dicen), ‘A ver, pero respetas, ¿eh?, porque si no te voy a acusar de rijoso y de que eres un ambicioso y que eres un obcecado de poder’, ¿no es así?.”

Ahora, quien funge como vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez, asegura, para justificar la propuesta que su partido formulará formalmente es “que desaparezca todo el Consejo General del INE y no sólo reducirlo.”

Las críticas a dicha iniciativa no se hicieron esperar e incluso se les acusa de pretender el control de los procesos electorales, ello lo expresó en los siguientes términos: “es falso y lo aclaro: Morena no quiere controlar a los órganos electorales ni quiere imponer a nadie. Morena no quiere poner a las autoridades electorales, pero tampoco quiere que otros partidos lo sigan haciendo y que sigan poniendo a los consejeros electorales”.

Esta discusión se extiende buena parte de la semana anterior, uno de los puntos centrales es el cuestionamiento a los organismos locales, ya que se señalaron dos cosas, desde la reforma no se ha justificado su presupuesto, ya solamente en 2018 se gastaron los OPLES 14 mil millones de pesos para su operación y la organización de 24 elecciones. Ello sin considerar las inconsistencias evidenciadas.

Cabe destacar que en Tlaxcala se destinaron, de acuerdo a la justificación presentada a la iniciativa de MORENA, 75 millones de pesos y para el 2019 se presupuestó poco más de 80 millones, sin proceso electoral en puerta.

 No cabe duda que el cuestionamiento al funcionamiento de los OPLES es severo y no se dice expresamente, pero sí sugiere la poca utilidad de dichos organismos; consideramos necesario profundizar en el análisis, ya que tanto en el INE como los OPLES simplemente han asumido una postura defensiva y reaccionan ante lo dicho en la iniciativa de reforma propuesta por MORENA.

Dentro de la propuesta de reforma electoral, uno de los argumentos esenciales se orienta hacia los costos excesivos de las elecciones, reduciendo la discusión a cinco rubros, además de los organismos locales, nos referimos a la justicia electoral local, al financiamiento de partidos locales, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, por ningún lado vemos el fortalecimiento de la autonomía y garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales del INE y menos de los OPLES.

Será que, en lo referido a los procesos electorales, partimos como principio fundamental de la desconfianza, por ello el objetivo es el debilitamiento financiero del árbitro electoral.