Baja California por José Javier Reyes

Un dicho muy soez y despatarrado afirma que “es bueno ser cochino, pero no tan trompudo”. La política, como actividad humana que extiende los límites de lo ético, lo moral y lo honesto, implica a veces rebasar tales límites, invadir el espacio de lo ilegal y de lo ilegítimo. Pero cuando se hace de una forma tan grotesca, cínica, carente de escrúpulo y descarada como se dio en Baja California, se vuelve imposible hacer la clásica “manga ancha” que nos permite ver la ilegalidad, pero voltear para otro lado.

El principio de este escándalo nacional inició con la promulgación, en el año 2014, de un artículo transitorio que pretendía igualar las fechas de la elección estatal con las del resto del país. Esto implicaba acortar el mandato del siguiente gobernador, de seis a dos años. A la letra, este transitorio señala:

"Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021".

Esto ocurrió en varios estados, generándose la figura de un gobernador de corta duración. Éstas eran las reglas del juego cuando inició la contienda electoral. No obstante, el 8 de julio de 2019, en una sesión nocturna que inició a las 21:00 horas, la XXII Legislatura de Baja California sometió a votación la modificación del octavo transitorio, lo que popularmente se conoció como “Ley Bonilla”, para dejarlo de la siguiente manera:

"Para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del Estado con el proceso electoral federal del 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024".

De un plumazo, la legislatura local ampliaba de dos a cinco años el periodo de Bonilla Valdez. Para completar esta absoluta traición a los votantes bajacalifornianos, 21 de los 22 legisladores presentes votaron de forma secreta, en apenas 30 minutos, otorgándole cuatro años más al morenista. Esta secrecía fue innecesaria, pues sólo un legislador, Miguel Antonio Osuna Millán, se opuso a la modificación.

Posteriormente en un video, Bonilla pretendió justificarse, señalando como una simple corrección a un decreto injusto e injerencista el que acortó el mandato del gobernador.

Lo que hace este escándalo de proporciones descomunales son los señalamientos de que, para votar en favor de la ampliación de mandato, los diputados locales recibieron jugosos sobornos en efectivo y en propuestas laborales. Así lo señaló el presidente del Congreso del Estado de Baja California, Edgar Benjamín Gómez Macías, quien además denunció que es objeto de presiones. Por su parte, Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la gubernatura de Baja California, ya interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra los 21 diputados locales de Baja California que aprobaron la “Ley Bonilla”.

 Al margen de argucias jurídicas que pretendan dar un aspecto “legal” a este atropello, se preparan ya acciones legales para detener esta ampliación de este auténtico golpe de estado. Pero la posibilidad de que se imponga con apoyo de fuerzas políticas cercanas al ejecutivo federal, es preocupante.