En junio y no en abril, como se anunció originalmente, se colocará la primera piedra de lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México.

El inicio de la obra se pospuso porque aún no se cuentan con estudios ambientales, técnicos o financieros definitivos, lo cual da oportunidad de revisar la disponibilidad de tierras y agua para evitar que suceda lo que se dio en el proyecto de Texcoco cuando, al amparo de la corrupción y el tráfico de influencias, se despojó a los propietarios de Los Tlateles en Chimalhuacán que aún continúan en su lucha.

El presidente López Obrador destacó en una de sus conferencias matutinas que se hizo la consulta con los vecinos del aeropuerto, quienes aceptaron su construcción, pero integrantes del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua aclararon que lo que se ha hecho es convencer a los ejidatarios de San Lucas Xolox y San Miguel Xaltocan para que vendan los terrenos que se necesitan para el proyecto, aunque sigue la negociación sobre el precio que las autoridades deberían cubrir por metro cuadrado.

El nuevo aeropuerto, cuyo costo inicial de 70,342 millones de pesos se incrementó a 78,557 por una falla en el diseño que no consideró la existencia de un cerro, contará con dos pistas, una torre de control, un tren rápido y una terminal de 33 posiciones la cual, en una primera etapa transportará a 20 millones de pasajeros.

En el marco de una obra que es necesaria para la modernización del país, y antes de que inicie formalmente el proyecto habrá que cuidar que no se cometan los errores de la administración pasada, cuando se pasaron por alto los estudios de impacto ambiental que alertaban sobre el atentado ecológico en la zona.

Con ese antecedente, el gobierno del presidente López Obrador está obligado a atender las denuncias de vecinos de que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía agudizará el problema del agua en la zona, ya que mientras en 2012 el déficit era de 40 millones, para enero de este año la necesidad de suministro se incrementó a casi 106 millones de litros, y ese es uno de los inconvenientes para la edificación de la nueva terminal.

Representantes de ocho asociaciones de los municipios mexiquenses de Tecámac y Zumpango, quienes son integrantes de una docena de pueblos originarios situados en las cercanías de la base militar, se refieren a esta obra como un “proyecto de muerte” que acabará con los mantos freáticos.

De acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de los siete cuerpos subterráneos de la cuenca del Valle de México, cuatro son identificados como sobreexplotados: el de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que fue declarado en extinción; el de Texcoco, que se encuentra en grado extremo, y los de Cuautitlán-Pachuca y Chalco-Amecameca, considerados en nivel alto.

En este sentido, la base aérea de Santa Lucía se encuentra situada sobre el lecho del lago desecado de Xaltocán, por lo que, en caso de ampliar el aeropuerto en la zona, se requeriría sustraer agua del acuífero Cuautitlán-Pachuca, que según datos de la CONAGUA se encuentra en déficit desde 2014 y además, según el estudio Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Cuautitlán-Pachuca, Estados de México e Hidalgo, “no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica”.

El estudio de impacto ambiental deberá responder de manera puntual de dónde se pretende extraer el agua para la construcción de las obras que se requieren porque, de no haber una planeación adecuada se amenaza la supervivencia de miles de familias que aseguran no haber sido consultadas sobre un proyecto que pone en peligro los mantos acuíferos de la zona.