El movimiento zapatista del 1 de enero de 1994 dio visibilidad a los pueblos indígenas de nuestro país y posicionó en la agenda nacional sus derechos históricamente olvidados.

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, negociados y firmados en 1996 por el EZLN y el Gobierno Federal, contenían un pliego de reformas constitucionales que reconocían los derechos políticos, jurídicos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y tenían, en el centro de su reclamo, el de la autonomía para sus comunidades.

La conciencia que despertó el movimiento zapatista creó expectativas sobre un futuro más esperanzador para los indígenas, y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés se veía como una oportunidad única para comenzar a resarcir 500 años de marginación a las comunidades.

Esto no ocurrió y, a 25 años, las condiciones de pobreza y abandono siguen igual. No hay mejoras sustanciales en los tres parámetros que son parte del indicador que mide el desarrollo humano: vida larga y saludable, educación y condiciones mínimas de bienestar.

Actualmente, casi 10 millones de indígenas en México son pobres y, de ellos, el 30.6% vive en pobreza extrema, Poblados de Chiapas como Acteal, Chenalhó, Chanal, San Juan Cancuc se ubican en la lista de los 10 municipios con mayor pobreza extrema en el país, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El triunfo de un gobierno de izquierda alentó la esperanza de que se retomara el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, pero no hay, hasta el momento, una señal clara de que esto ocurra. Las diferencias políticas y los desencuentros verbales entre el presidente López Obrador y la comandancia del EZLN complican la posibilidad de una negociación en el corto plazo que lleve a incluir en la Constitución los puntos firmados en los Acuerdos de San Andrés, que quedaron pendientes con la Ley Indígena de 2001.

Esta reforma evitó reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, algo fundamental para asegurar la libre determinación de las comunidades.

Tampoco les garantizó su acceso a la justicia, ni se dio el reconocimiento constitucional de sus propios sistemas de gobierno.

La Ley de Cultura y Derechos Indígenas desalentó al movimiento zapatista y, ante lo que calificaron como traición al espíritu de los Acuerdos de San Andrés, cancelaron cualquier interlocución con las autoridades, mientras el marco jurídico creado en los últimos años se ha enfocado en favorecer la política neoliberal, la entrada de empresas nacionales e internacionales que ven con interés económico las tierras y los recursos naturales de los territorios indígenas.

Ante los reiterados señalamientos y la resistencia que ha manifestado el EZLN al gobierno de López Obrador y a uno de sus principales proyectos, como es la construcción del Tren Maya, que atravesaría el territorio zapatista, el futuro de los Acuerdos de San Andrés es incierto.

El incumplimiento de lo que se concibió como un nuevo pacto entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas lleva a varias interrogantes: Si es legítima la lucha de los indígenas organizados en el EZLN ¿por qué un gobierno de izquierda como el de la Cuarta Transformación no resuelve sus demandas? Cuando el presidente López Obrador externa su rechazo a las organizaciones ¿también se refiere a ellos? O, en el fondo ¿lo que dificulta cualquier avance es la postura crítica del comandante Galeano?