Emiliano Zapata fue arteramente asesinado el 10 de abril de 1919. Bajo la consigna de que “la tierra es de quien la trabaja” su lucha despertó la conciencia de miles de campesinos despojados de sus derechos agrarios por los caciques y hacendados que construyeron grandes latifundios y se apropiaron de sus riquezas naturales al amparo del porfirismo.

A 100 años, la realidad en el campo es dramáticamente parecida y se han profundizado los rezagos que impulsaron el levantamiento zapatista. El olvido en el que se ha tenido al sector rural ha dañado su competitividad y lo hacen poco atractivo para la producción de granos y alimentos básicos, con lo que se ha agravado la dependencia alimentaria.

Actualmente, en la sociedad rural hay una población envejecida, donde la mayoría de los titulares de la tierra tienen más de 60 años. La apertura comercial, así como la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá desprotegieron nuestro mercado interno y gravaron de manera brutal el producto del trabajo de los pequeños y medianos productores.

El modelo neoliberal ha provocado en el campo mexicano serios problemas que siguen sin atenderse. El rezago agrario en muchas regiones del país, lejos de abatirse, crece, y hay una estrategia de despojo de la tierra por parte de empresas dedicadas a actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica.

El acaparamiento del agua lleva a empresas refresqueras y cerveceras a adueñarse de los recursos hídricos de ejidos y comunidades mientras gran parte del presupuesto público se destina a subsidiar grandes empresas nacionales y trasnacionales como Coca Cola, Corona, Sukarne, Maseca, Nestlé, Bimbo, convertidas en los nuevos saqueadores de la riqueza campesina.

Actualmente, y con el desconocimiento de propietarios o poseedores de la tierra, están concesionados 56 millones de hectáreas a empresas mineras, lo que equivale a poco más de la cuarta parte del territorio nacional. En estas zonas, los campesinos, con el apoyo de organizaciones como la CODUC, se movilizan para reclamar un freno al despojo del que son objeto con la complicidad de autoridades locales y federales.

En México, como en varios países de América Latina, un mecanismo que los gobiernos y las empresas han utilizado son leyes amañadas por las cuales las comunidades tienen la opción de elegir entre distintas maneras de ser despojados de la tierra y el territorio que siempre les ha pertenecido.

Para revertir esta injusta situación es urgente una Política de Estado donde los campesinos e indígenas tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.

Zapata aspiraba a que los propietarios originarios sean respetados en sus tierras y bienes comunales, en sus bosques y selvas, montes y aguas, en su cultura y territorios, para utilizar sus recursos naturales en el desarrollo de sus propios pueblos y en beneficio de la población rural marginada.

Mientras esto no ocurra, y la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la violencia imperen en el campo mexicano, la figura de Zapata seguirá cabalgando.