Organizaciones civiles y barras y Colegios de abogados darán seguimiento y acompañamiento al caso de la directora del portal agendatlaxcala, Judith Soriano, quien presentó una denuncia contra el presidente  municipal de Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez, por las amenazas que le hizo después de publicarse la detención del presunto hermano por transportar combustible ilegal.

En conferencia de prensa, barras y Colegios de Abogados de Tlaxcala, también condenaron la actitud asumida por el presidente municipal de El Carmen Tequexquitla, Óscar Vélez, quien después de la detención por transporte ilegal de combustible de una persona que se identificó como su hermano, en el municipio de Calpulalpan, presuntamente amenazó a la periodista y luego exhibió a modo de burla en sus redes sociales, el endeble sistema de procuración de justicia federal.

Los Presidentes del Colegio de Abogados del Altiplano, Arturo Montiel Márquez; el Presidente de la Barra de Abogados de Contla, Emilio Cortés Romano; el representante de la organización Unidos por un mejor Tlaxcala, Alejandro Delgado; el Exdirigente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, Rubén Espinoza, entre otros, lamentaron el ataque por cualquier vía al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.

Arturo Montiel dijo que independientemente de que la Fiscalía General de la República (FGR) es la facultada para determinar si los hechos delictivos fueron comprobados o no y si el caso es posible judicializarlo, fue tras la puesta en libertad del presunto responsable que el edil utilizó sus redes sociales para burlarse del sistema y hasta de políticos.

Señaló que ante los actos del alcalde "la ignorancia es atrevida y el Alcalde de Tequexquitla es muy atrevido”, subrayó el abogado, quien reiteró que lo que no se puede tolerar de una autoridad o servidor público del nivel que sea, es que utilice su posición para atentar contra algún periodista.

Reconoció que en la propia FGR y sobre todo en sus Delegaciones Estatales, todavía se carece de personal ministerial debidamente capacitado para integrar de forma correcta las carpetas de investigación, lo que les da la oportunidad a presuntos responsables de un delito, de poder librar un proceso legal en su contra, a pesar de que haya sido encontrado en flagrancia.