El relato de la expulsión de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres es la historia de una quiebra de confianza que empezó a gestarse hace un año y medio, y el reflejo de un profundo giro político del país andino. El fundador de Wikileaks logró asilo en 2012, dos meses después de refugiarse en la sede diplomática. Se lo concedió el Gobierno de Rafael Correa, quien entonces tenía de número dos al actual presidente, Lenín Moreno, y hoy se ha convertido en su principal rival. La decisión sobre Assange llega después de meses de tensiones, incumplimientos del protocolo pactado con las autoridades y la sospecha de que sus actividades suponían un riesgo para la seguridad del Estado.

“Cruzaron una línea muy grave hace unos pocos días”, aseguró la ministra del Interior, María Paula Romo, en una conversación con EL PAÍS realizada por videoconferencia horas antes de la detención. La lista de acusaciones es larga, empezando por la intromisión en asuntos de política internacional a través de las filtraciones de su organización. Este jueves añadió que “el retiro de asilo es una potestad soberana de Ecuador y también es la consecuencia del incumplimiento reiterado de las normas de asilo y de mínima convivencia". La Asamblea Nacional apoyó la decisión tras escuchar la relación del canciller "sobre todas las faltas cometidas por Assange en estos siete años". La ministra sostiene, además, que el Ejecutivo cuenta con “información de que hackers vinculados a Wikileaks" viven en Ecuador y están vinculados a acciones que no solo afectan a la seguridad del país sino también de otros Gobiernos.

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