La noche del 21 de enero, la Casa Blanca llama al congresista Mario Díaz-Balart y al senador Marco Rubio porque el presidente quiere verles al día siguiente junto con el vicepresidente, Mike Pence, y el equipo de seguridad para hablar de Venezuela. Díaz-Balart y Rubio, dos republicanos del ala dura del anticastrismo, han ganado influencia en la era de Donald Trump y, junto con otros legisladores, están presionando al mandatario para que redoble la presión contra el régimen de Nicolás Maduro y lo incluya en la lista de financiadores del terrorismo, en la que ahora solo se encuentran Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Al salir del encuentro, el martes día 22, los periodistas preguntan sobre el asunto y Rubio echa balones fuera, pero parece exultante. Por la noche escribirá en su cuenta de Twitter: “Mañana será un día muy bueno (e importante) para la democracia y el orden constitucional en Venezuela”.

El miércoles 23, Juan Guaidó, opositor a Maduro y presidente de la Asamblea Nacional venezolana, se juramentará como presidente interino invocando el artículo 233 de la Constitución. Estados Unidos lo reconocerá ipso facto, seguido de Canadá y el resto de potencias americanas, salvo México y Uruguay. Quieren que Maduro se vaya y el Gobierno interino convoque elecciones. La Administración de Trump advierte de que, en caso contrario, todas las opciones, incluida la intervención militar, están sobre la mesa.

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