Incluso antes de que el Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente y llevara hasta la cúpula del poder su discurso contra los activistas que defienden la naturaleza, Brasil era el país más peligroso del mundo para los ecologistas (una clasificación en la que Colombia le superó en 2018). Unos crímenes que en la inmensa mayoría de los casos no han sido esclarecidos, ni siquiera juzgados. De los 300 defensores de la Amazonia brasileña asesinados en la última década, solo 14 casos acabaron ante un tribunal, revela Human Rights Watch en el informe Las mafias del bosque tropical, difundido este martes.

La semana pasada un funcionario del Instituto Brasileño de Medioambiente (Ibama) fue asesinado de dos tiros cuando circulaba en moto.

La ONG de defensa de los derechos humanos destaca la labor que estas personas realizan para la preservación de la flora y la fauna además de alertar a las autoridades en un territorio que abarca el 60% del territorio brasileño. Es el caso de Olimpio Guajajara, que patrulla con 123 miembros de su comunidad un territorio como Cabo Verde. HRW detalla el amplísimo grado de impunidad de la que gozan estas organizaciones criminales que tienen la capacidad logística para coordinar la extracción, procesamiento y venta de madera a gran escala en la mayor selva tropical del mundo. La tala ilegal suele ser el primer paso para después dedicar la tierra a cultivos o a pastos. Por eso los madereros son los principales responsables de la deforestación ilegal, que se ha disparado, según datos oficiales preliminares, desde que Bolsonaro llegó a la presidencia, en enero.

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