¿Qué es la libertad de expresión cuando no se tiene el mínimo recato para distinguir los hechos comprobados de las teorías delirantes y las suposiciones retorcidas? Este derecho incluye decir lo que una persona opina sobre sucesos fehacientes, no lo que cree, lo que teme o lo que desearía que ocurriera: eso no se llama opinión, sino ficción o desahogo.

Es cierto que el uso y el abuso de las redes sociales nos permiten decir literalmente cualquier cosa y difundirlo como si fuera noticia. Sustituimos la investigación de los hechos por las malas intenciones, la ignorancia o el deseo de escandalizar. No es relevante que estas historias que carezcan de lógica, tomando datos malentendidos de aquí y de allá. Las redes sociales difunden estas patrañas y no faltará quien las crea.

Lo único que no creemos es la versión oficial: esta nace muerta, no importa qué tanto se esfuercen las autoridades por darle sustancia. En el caso de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, ni siquiera hubo necesidad de conocer la versión oficial. Antes que sendas ruedas de prensa por parte del gobierno de Puebla y el federal dieran a conocer los datos de que disponían, ya circulaban en redes sociales versiones que implicaban todo lo imaginable: atentados de todo tipo, autores del supuesto atentado, incluidas las mafias del narco y del huachicol y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusaciones de unos y otros de complots y de rumorología, llamamientos  para echar abajo estas “canalladas”; y hasta la hipótesis de que la pareja de políticos no estaba muerta, sino que todo era un montaje para que pudieran huir, a sabiendas que una auditoría buscaba fincarles responsabilidades por supuestos desfalcos.

Lo real es que, en el caso de las cinco personas fallecidas en el accidente aéreo, como en cualquier otro caso, es indispensable que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y lo hagan con prontitud, transparencia e imparcialidad. Exigir una investigación no es suponer un homicidio a priori: es pedir lo mínimo necesario para devolver la confianza y la tranquilidad a la ciudadanía. No se puede acusar un asesinato por la misma razón que no puede suponerse de antemano que no existe: una y otra posibilidades dependen de una investigación que en rigor apenas ha iniciado.

La gente tiene derecho a decir lo que quiera. Pero fabricar una falsa noticia con fotos o videos claramente sacados de contexto o manipulados, debe ser considerado un delito. Tal vez la laxitud de la red no permita castigar siempre a estos infractores, pero por lo menos podemos exhibirlos o no hacerles caso.

La gente también tiene derecho a creer lo que quiera. Siempre ha sido así: creer no depende (a veces) de hechos, sino de deseos y emociones. Pero debemos educarnos en la búsqueda de la verdad.

A quienes no les es permitido dejarse llevar por hechos no confirmados es a las autoridades. No deben creer de antemano en complots, hasta no tener datos concretos. Y deben dejarle las acusaciones sin fundamento a los adolescentes ociosos, políticos inescrupulosos o troles que infestan la red.