El amago funcionó y se suspenden indefinidamente los aranceles de 5 por ciento a las importaciones que se harían efectivas a partir de hoy, pero indefinidamente no quiere decir definitivamente, por lo que los campesinos organizados seguiremos impulsando una agenda de reforma constitucional que reoriente las políticas públicas hacia el campo en beneficio de los pequeños y medianos productores, promueva la producción de alimentos y garantice el abasto suficiente de alimentos para la población.

El acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos de contener a los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país, huyendo de la miseria y violencia a los que los ha condenado el modelo neoliberal, da fin a la oferta de “brazos abiertos” expresada por el presidente López Obrador y alerta sobre el alto costo que deberá pagar el país si se sigue cediendo a los chantajes del presidente norteamericano.

La convocatoria de Andrés Manuel López Obrador a una manifestación de unidad y defensa por la dignidad de nuestro país no debe ser un gesto simbólico. Si bien la guerra comercial con el vecino país es un escenario que nadie desea, es muy importante actuar con la mayor firmeza ante cualquier postura que amenace nuestra soberanía y ponga en riesgo la producción y el abasto de alimentos.

Ante la incertidumbre, los campesinos, en reciente pronunciamiento, fuimos los primeros en expresar nuestra disposición a movilizarnos y dar nuestro mayor esfuerzo para producir los alimentos que el país necesita.

Nuestro reclamo de sacar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá sigue vigente. Ya en enero de 2017, las organizaciones integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) entregamos en la embajada norteamericana de la Ciudad de México una carta dirigida al presidente Trump en la que reiteramos que quien más pierde con este acuerdo comercial son los campesinos mexicanos.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio, ahora TMEC, México desprotegió nuestro mercado interno y gravó de manera brutal el producto del trabajo de nuestros campesinos mientras los productores agrarios de Estados Unidos gozaban de la protección extrema del gobierno de su país, como hasta la fecha acontece.

Desde su puesta en marcha, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) provocó un desmantelamiento del sistema productivo agrícola de México mediante políticas que dejan a millones de campesinos pobres sin el respaldo de las autoridades y acentúan la dependencia alimentaria del extranjero.

Entre los efectos más negativos de dicha política está la pérdida de rentabilidad de miles de pequeños y medianos productores y por ende el aumento de la migración y la pobreza rural

En esta coyuntura, los campesinos organizados respaldamos la postura del presidente López Obrador de que la dignidad del pueblo mexicano no se negocia y planteamos que el gobierno mexicano tiene la oportunidad de reconstruir las instituciones mexicanas encargadas de atender al sector agropecuario, garantizar un precio justo a los campesinos e impulsar la banca de desarrollo que otorgaba créditos a pequeños y medianos agricultores.

La soberanía alimentaria debe ser el eje rector de toda política de combate a la pobreza. En consecuencia, el Estado Mexicano deberá promover una política de fomento productivo y desarrollo económico que proteja los intereses nacionales y establezca mecanismos rectores para procurar de manera eficaz una alimentación sana y suficiente para toda la población.

 

*Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC)