El estallido social en Chile reventó el viernes 18 de octubre, una fecha que quedará marcada en la historia del país sudamericano. Se manifestó primero en forma de protestas estudiantiles por el alza del precio del billete del metro de Santiago, con entradas masivas en las estaciones sin pagar. Luego con violencia: en solo unas horas, de las 136 estaciones del subterráneo, 118 fueron dañadas y, de ellas, 25 incendiadas y 7 completamente quemadas, con pérdidas estimadas en 376 millones de dólares (unos 335 millones de euros). Hubo un tercer tiempo: los saqueos a los supermercados y al comercio, por los que el Ministerio del Interior ha interpuesto 175 querellas solo en la capital. Y un cuarto: las manifestaciones pacíficas —las más multitudinarias—, que una semana después de la explosión social reunieron a 1,2 millones de personas en el corazón de la capital.

Pero después de 20 muertos, 592 civiles heridos, cientos de detenidos y denuncias de violaciones de los derechos humanos, ni el Gobierno ni la oposición dan respuesta a la insatisfacción por el tipo de sociedad que tiene Chile, desigual en todos los frentes. Las protestas y la violencia no dan tregua.

“El problema sigue siendo que la política chilena se ha encerrado en una burbuja”, señala el historiador Iván Jaksic. “Hay un desprestigio de la política y el malestar adquiere formas cada vez más preocupantes (...). Atravesamos una situación en la que conviven el triunfalismo del discurso económico con la decepción de quienes no ven sus beneficios, y en donde las expectativas son crecientes”.

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