El Instituto de Medicina Legal asegura que las investigaciones de la justicia determinarán los casos de ejecuciones extrajudiciales
La cotidianidad de Colombia camina en el filo de la confrontación con su pasado reciente. Esos años, las heridas de más de medio siglo de conflicto armado, reviven periódicamente como sucedió el sábado al conocerse el hallazgo de una fosa común en el municipio de Dabeiba, entre Medellín y la costa Caribe. Allí la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC para investigar los crímenes más graves de la guerra, busca los cuerpos de al menos 50 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares entre 2005 y 2007. El Instituto de Medicina Legal recibió de momento información sobre 17 casos. Pero la dimensión del drama de las desapariciones va más allá. El país enfrenta, según cálculos de este organismo público, la exhumación de alrededor de 200.000 cuerpos sin identificar.
Estas son las cifras de vértigo que resaltó este martes Claudia García, directora del instituto forense. "Nosotros en los últimos años hemos hecho una prospección en todos los cementerios legales, digámoslo de alguna manera, y en las inhumaciones que no son legales en estas fosas clandestinas, y creemos que el reto al que nos estamos enfrentando es de más o menos de 200.000 cuerpos, en donde tenemos que buscar los desaparecidos del país", señaló en Caracol Radio. "El reto es muy grande y tendremos trabajo para muchos años desde el punto de vista científico", continuó García, quien incidió en la importancia de la implicación del Gobierno para llevar a cabo esa tarea.
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