La imagen de un Julian Assange deteriorado, arrastrado por Scotland Yard y gritando desquiciado durante su detención en la embajada en Londres pesa en Ecuador. El Gobierno de Lenín Moreno, que permitió el acceso de la policía británica a su sede diplomática para forzar la salida del fundador de Wikileaks, ha corregido este lunes esa impresión latente de que la medida se tomó de forma precipitada y con más visceralidad que reflexión. Para ello, ha optado por compartir tres cartas oficiales como respaldo de que el Reino Unido se había comprometido a no extraditar a Assange a ningún país si no median garantías de que no va a recibir un trato inhumano o de que no va a ser condenado a muerte. El presidente ecuatoriano ha asegurado, además, en una entrevista al diario británico The Guardian que Assange había convertido la sede ecuatoriana en Londres en un “centro del espionaje” y recalcó que la decisión de retirarle el asilo no fue “arbitraria” sino que se “basa en el derecho internacional”.

Los tres documentos son anteriores a la detención. Uno, de marzo de 2018, está firmado por el entonces ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson. El segundo, de agosto del mismo año, con la rúbrica del secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad, Hon Jeremy Hunt. La última misiva es de una semana antes de la operación, del pasado 3 de abril, y lleva el sello de la Embajada británica. En las tres, Reino Unido apela a su legislación nacional que es la que le impide extraditar a una persona si ésta puede o será condenada a pena de muerte o a tratos inhumanos o degradantes. Para evitar malas interpretaciones, en dos de los comunicados se subraya con una línea que, bajo la ley británica, “no puede” ordenarse la extradición sin esas garantías.

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