Desde que el presidente Iván Duque presentó en marzo sus reparos al sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz con las FARC, en Colombia se ha reavivado una polarización que en realidad nunca había terminado de disiparse. El más reciente termómetro de esa división es el estatus de las visas para Estados Unidos de al menos tres magistrados de las altas cortes colombianas, que tienen en sus manos decisiones trascendentales, en un episodio que ha desatado un intenso debate público sobre las relaciones diplomáticas y la independencia judicial.

La semana pasada trascendió que Estados Unidos revocó el visado a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, se paralizaron varios convenios de cooperación. Según la prensa colombiana, Fajardo y Lizarazo recuperaron su visado luego de certificar ante la sede diplomática que no tenían asuntos pendientes con la justicia, aunque se especula que más togados enfrentarían una situación similar, que diversos sectores han entendido como presiones indebidas y represalias por fallos que afectan a temas en los que Washington tiene intereses, como la extradición o el uso del glifosato para combatir los cultivos de coca.

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