Ha resultado recurrente pensar que las leyes precisan aplicarse sin ningún tipo de circunstancia, sin considerar que responden a necesidades sociales, por ello creemos indispensable reflexionar, ante las circunstancias que vivimos actualmente, sobre la naturaleza de las leyes, consideramos indispensable recuperar el artículo 17 de nuestra Constitución política, que a la letra dice: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”

          Además, los artículos 18 y 19 se refieren a las circunstancias en que un acusado podrá seguir su proceso y de la sentencia que se le dicte, todo ello parece tener mucha claridad, pero la realidad se impone.

          La realidad en el seguimiento es variada y corresponde a circunstancias no jurídicas, ya que por ejemplo ante la imposibilidad del Estado de resolver los casos de feminicidios, ante la dificultad de dar una respuesta satisfactoria, grupos de mujeres, básicamente, hacen destrozos, hay linchamientos de presuntos delincuentes, entre otros, la respuesta de las autoridades en no seguir un proceso. Cabría señalar que estamos ante un Estado que no garantiza la estabilidad; la respuesta de los grupos sociales no se hace esperar y necesariamente estamos entrando a un callejón sin salida, cualquier respuesta se justifica y la confrontación al interior de la sociedad mexicana será justificada y las autoridades no podrán hacer frente a ello.

           Por otra parte, es necesario señalar que el actual gobierno tampoco garantiza el establecimiento de un Estado que ofrezca certidumbre a los ciudadanos, por ello la generalización de acciones de personas contra la delincuencia y la aprobación de los ciudadanos, tan solo veamos el grado de beneplácito hacia los linchamientos de presuntos delincuentes a través de las redes sociales. Consideramos urgente dejar las declaraciones (los mexicanos somos felices) y pasar a las acciones del Estado para garantizar la aplicabilidad de las leyes, todo ello no haciendo tabla rasa, sino cobijado con toda una política encaminada a la modificación de las relaciones sociales.

          Desde la sociología resulta indispensable hacer estudios sobre la conducta de los individuos, sobre la familia y su influencia en el medio social, entre muchos otros temas, de lo contrario estaremos transitando a considerar a todo problema social como básicamente jurídico.