La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación "desde cero" y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.

"El caso se está desmoronando", afirma Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro Prodh, que ha acompañado legalmente a los padres de las víctimas. El horizonte judicial es desolador. De los 142 acusados, solo alrededor de una treintena están imputados por la desaparición, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, confirman fuentes cercanas al caso. Se han documentado violaciones a derechos humanos y al debido proceso contra 83 personas, de acuerdo con el Centro Prodh. Entre los agraviados están 42 policías de Iguala, 25 de agentes del municipio aledaño de Cocula, 14 civiles vinculados con el cartel Guerreros Unidos, el alcalde de Cocula y el jefe de protección civil de Iguala. Eso implica que es muy probable que al menos 66 uniformados acusados de estar coludidos con el crimen organizado, uno de los puntos que han provocado más indignación en torno al caso, no enfrenten consecuencias legales.

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