El chavismo trata de quitarle oxígeno a Juan Guaidó. La Contraloría de Venezuela, el órgano —bajo control del Gobierno— que se encarga de fiscalizar la Administración pública, ordenó este lunes la apertura de una auditoría patrimonial contra el político que hace tres semanas desafió a Nicolás Maduro al jurar como presidente interino. Con este procedimiento, el oficialismo persigue una inhabilitación de hasta 15 años del también líder de la Asamblea Nacional, que el pasado 23 de enero activó un plan de transición nacional que pretende culminar con la convocatoria de elecciones libres en un plazo de 12 meses.

El procedimiento —anunciado en vísperas de las nuevas movilizaciones previstas para este martes para que las autoridades permitan la entrada de ayuda humanitaria— señala a Guaidó por haber recibido supuestamente ingresos de forma irregular desde el extranjero. El interventor y antiguo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elvis Amoroso, afirmó en una comparecencia que el opositor "presuntamente ocultó o falseó datos contenidos en la declaración jurada de su patrimonio y recibió dinero proveniente de instancias internacional y nacionales sin ningún tipo de justificación".

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