El panorama político de México, a 100 días de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, es complejo, contradictorio y con un aire incomprensible que no será extraño en México. Por algo André Bretón le llamó “el país del surrealismo”. En un rápido corte de caja, analistas, calificadoras de riesgo y organizaciones empresariales han señalado lo que a su juicio son errores en la dirección económica del país; las expectativas de crecimiento económico del país están a la baja; pero los altos niveles de aceptación del presidente, los mayores jamás vistos, implican que muchas cosas las ha hecho muy bien.

Para la mayoría de los mexicanos es claro que un valor innegable es la congruencia. Contra viento y marea, López Obrador ha llevado adelante sus propuestas de campaña, convirtiéndolas en ejes de su programa de trabajo. Su posición férrea contra la corrupción es algo que la gente esperaba de sus gobernantes. Coincidamos en que la congruencia no es un actuar, sino un ser: es transmitir una sensación, no realizar una obra.

Pero, además de sus grandes dotes de comunicador, dos hechos han sido cruciales para generar esta aceptación clamorosa: la lucha contra el robo de gasolina y la iniciativa de la guardia nacional. Ambas marchan por un rumbo del cual nuestro país está urgido: la lucha contra la inseguridad, que se transforma en una guerra incesante entre los cárteles de todo tipo que se disputan el territorio nacional. Si alguien lo duda, basta ver las alarmantes estadísticas proporcionadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México en su estudio sobre las 50 ciudades más violentas del mundo: cuatro ciudades mexicanas se encuentran entre las cinco más violentas del mundo.

La metodología es tan debatible como cualquier otra, pero al margen de su exactitud, revela que México se ha transformado en el país más peligroso de Latinoamérica. Tan es así, que los alcaldes de Tijuana y Acapulco han rechazado los datos que las sitúan en los lugares 1 y 2 del mundo. El índice utilizado es el de asesinatos por cada cien mil habitantes. Así, Tijuana, Baja California, con 138.26 y Acapulco, Guerrero, con 110.50, aventajan con largueza a la conflictiva capital venezolana, Caracas, con 99.98. E inmediatamente después, Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 86.01; Ciudad Juárez, Chihuahua, con 85.56; e Irapuato, Guanajuato, con 81.44 homicidios por cada cien mil habitantes.

Pero al margen de los números (que se dice son fríos) las escalofriantes escenas diarias de ejecuciones y ajustes de cuentas entre la delincuencia organizada, la inseguridad en que viven los habitantes de casi cualquier ciudad del país, sin importar su estrato económico, pesan más en el ánimo de la gente. Nuevamente, es cuestión de percepciones.

Pasar de la percepción de que se están haciendo bien las cosas al hecho de hacerlas no será fácil. Los resultados deberán ser evidentes: disminución de la incidencia de delitos de todo tipo a partir de la implementación de la nueva estrategia de seguridad. Y la expectativa es que, en efecto, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos (que es la percepción) se incremente sensiblemente.