El terremoto político provocado en Perú por las investigaciones del caso Odebrecht, con sospechas de corrupción que alcanzan a Gobiernos de las tres últimas décadas, enfrenta el país sudamericano ante la necesidad de una regeneración urgente. Pero también ha alentado un debate sobre la aplicación de la justicia a la que se acaba de sumar el presidente, Martín Vizcarra, que había mantenido hasta ahora un perfil bajo. Todo detonó el pasado el pasado miércoles, con el suicidio del exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) cuando iba a ser detenido. Dos días después, el juez impuso tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra ingresado en una clínica por una afección cardiaca y que está acusado de lavado de dinero.

El grupo de fiscales encargado de esclarecer el escándalo, coordinado por Rafael Vela, defiende la adopción de este tipo de medidas durante la fase de instrucción de un caso. Sin embargo, Vizcarra se dirigió al Ministerio Público y al poder judicial para pedir una reflexión en torno a la detención antes de un juicio. "Siendo consciente de que la prisión preventiva está contemplada en el código procesal penal, está contemplada como una medida extraordinaria cuando existe peligro inminente de fuga de la persona que está siendo investigada o se crea que su intervención va a entorpecer el proceso de investigación que está siendo llevado a cabo", afirmó el domingo por la noche en una entrevista en TV Perú.

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