El pasado 29 de mayo concluyó el plazo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio al Estado mexicano para que responda si acepta la vía conciliatoria, propuesta por ex braceros que fueron a Estados Unidos entre 1942 y 1964, para cobrar un adeudo histórico acumulado por el descuento del 10 por ciento de sus salarios semanales.

Al emplazamiento del organismo internacional, el gobierno mexicano respondió con indiferencia. Nadie, de la Cancillería mexicana, salió a atender al grupo de campesinos, la mayoría ancianos, que ese día se manifestaron para reclamar la atención del Gobierno Federal ante el robo y la estafa que han sido solapados por diferentes administraciones.

El programa Bracero, promovido inicialmente como un acuerdo bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos movilizó a alrededor de 5 millones de campesinos mexicanos que contribuyeron al desarrollo y expansión del mercado agrícola norteamericano durante más de dos décadas.

En México, las remesas enviadas por los jornaleros agrícolas, se utilizaron como la más importante fuente de financiamiento de obra pública en el campo y para paliar urgentes demandas sociales de la población rural afectada por una política pública orientada a favorecer la agricultura comercial de las grandes empresas nacionales y trasnacionales.

A lo largo de 24 años que duró el acuerdo binacional, se firmaron 5 millones de contratos a casi 2 millones de campesinos, a los que hoy se les debe una cantidad estimada entre 500 mil y mil millones de dólares. La deuda, lo reconocen ex braceros es impagable y lo que demandan es una mesa de negociación donde se reconozca su derecho a recibir el ahorro de muchos años en los que trabajaron en condiciones de explotación laboral, violación de sus derechos humanos y prácticas discriminatorias.

El convenio binacional estipulaba que se formaría un fondo de ahorro para garantizar el regreso de los mexicanos a sus lugares de origen, donde les sería devuelto. Como responsables de administrar el fondo quedaron, por México, la Secretaría del Trabajo, la de Agricultura y el Banco de Crédito Rural. Después de 1950, la ruta del dinero se pierde por falta de documentos.

En México, los ex braceros llevan casi 20 años tocando puertas sin que ningún gobierno pueda darles respuesta a su reclamo y a la estafa de que fueron víctimas. 

A la justa indignación de miles de jornaleros agrícolas que hoy reclaman la recuperación de un patrimonio que les fue robado por el contubernio de autoridades mexicanas y norteamericanas, el gobierno del presidente López Obrador está obligado a responder de manera distinta.

¿Por qué haber ido, si es para volver de nuevo con las manos vacías? Se lamentaban varios en la manifestación ante la Cancillería del pasado miércoles. Esta “indemnización” a la que se han referido algunos funcionarios públicos, no es un asunto de dinero sino de dignidad y justicia social que en gran medida depende de la voluntad y altura de miras del presidente.