El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, informó que el gobierno del estado ya recibió la recomendación 98/2019 que emitió la Comisión Nacional (CNDH) que incluye al gobierno de Tlaxcala por hechos ocurridos en 2015, cuando se recibieron quejas por el caso de “garroteros” del tren que va a Apizaco, quienes dispararon a un migrante nicaragüense que murió en el mismo tren, pero están analizando si la aceptan o rechazan.

En entrevista dijo que “hay asuntos que son de la administración pasada, los cuales se van a verificar, por el momento están en estudios jurídicos para ver cómo se va a contestar y qué avances tienen las carpetas de investigación”.

Señaló que son diferentes dependencias de la administración pasada las que incluye la recomendación, “el documento llegó al gobierno del estado, pero ya tenemos conocimiento y estamos en espera de que nos llegue a nosotros para ver los puntos precisos de la recomendación y como no la tengo, no sé cuáles son los tiempos para contestar”.

Reiteró que se hará primero el estudio y análisis de la recomendación para saber si la aceptan o no, “el dato que tengo es que es de 2015, 2016 y son diferentes actos de ministerios públicos, policías en cuestiones de migrantes, no tengo la recomendación y es lo que debemos estudiar, cuántos ministerios públicos de esa administración pasada están involucrados”.

La CNDH dio a conocer que el pasado 13 de noviembre emitió la recomendación 98/2019 que incluye al gobierno de Tlaxcala por hechos ocurridos en 2015, también se refiere a casos de 2016 y 2017 cuando la PGJE recibió denuncias de lesiones hacia migrantes, por parte también de garroteros en contra de los centroamericanos.

Por lo que en las evidencias recabadas se determinó emitir la recomendación, ya que se considera que las autoridades en el estado han demorado en la investigación de los casos denunciados o bien no lo han hecho, por lo que se busca garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Así, la recomendación considera que en lapso de 6 meses las autoridades deben realizar un estudio técnico-jurídico de cada una de las Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación, Actas Circunstanciadas y Actas de Hechos radicadas en la PGJE de Tlaxcala, con la finalidad de que se agilice la investigación de aquellas que se encuentren en trámite y se valore la reapertura de aquéllas en reserva o archivo temporal”, se recomienda también iniciar procesos administrativos a los funcionarios que hayan obstruido el acceso de los migrantes a la justicia.