Miles de hondureños han expresado su repudio al presidente Juan Orlando Hernández en masivas manifestaciones que mantienen paralizado al país centroamericano, de nueve millones de habitantes. Los disturbios dejaron al menos dos muertos y más de 20 heridos tras una jornada del miércoles marcada por la violencia: se registraron bloqueos de carreteras y actos de vandalismo en Tegucigalpa y otras ciudades del país. A las manifestaciones —que comenzaron en abril como respuesta a reformas impuestas por el Ejecutivo en los sectores de sanidad y educación— se unieron transportistas y un sector de la policía.

Hernández, cuya legitimidad ha sido cuestionada tras lograr un segundo mandato en unas elecciones controvertidas, se reunió el jueves con su Consejo de Defensa y Seguridad y amenazó con mantener el pulso frente a quienes exigen el fin de su mandato. El mandatario ordenó el despliegue de las fuerzas armadas para contrarrestar las protestas y, dijo, "garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada y pública y desde luego la protección de integridad de la población. El Estado tiene la obligación de garantizarle al pueblo la protección de su integridad y goce de sus derechos”.

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