En lo que va de la administración gubernamental, la Contraloría del Poder Ejecutivo Local, ha inhabilitado a 52 funcionarios públicos de distintos rangos por no cumplir cabalmente con su trabajo dentro de la administración pública.

La contralora María Maricela Escobar Sánchez, dijo que la dependencia a su cargo atiende el tema de responsabilidades administrativas en materia de rendición de cuentas, “por lo que debemos saber en qué situación está cada uno de los entes auditados, para que presenten las pruebas que, a su derecho convengan “.

Añadió que, por el momento la Contraloría está requiriendo información correspondiente al ejercicio fiscal 2018 que están siendo revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

“En lo que va de la administración, se han aplicado más de 158 responsabilidades administrativas e inhabilitaciones hay unas 52, porque no lograron subsanar las observaciones, una vez que no se ofrecen las pruebas nosotros estamos en condiciones de pasar al siguiente paso que es iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa”, explicó Escobar Sánchez.

Dijo que las sanciones pueden ser amonestar, suspender o incluso inhabilitar a los servidores públicos, para que no puedan ejercer ningún cargo público, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.